El Gobierno nacional decidió desregular los controles que regían sobre los comerciantes de armas y municiones, eliminando varios requisitos fundamentales para ingresar o mantenerse en el sector.

La medida, publicada en la Resolución 49/2025 del Boletín Oficial, fue adoptada bajo el argumento de reducir la "carga administrativa y burocrática", aunque implica una peligrosa laxitud en un rubro altamente sensible como el de los materiales controlados.

La disposición fue firmada por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan, y alcanza a usuarios comerciales mayoristas y minoristas, talleres, fábricas de armas, municiones y repuestos.

Entre los requisitos eliminados figura la obligatoriedad de contar con habilitaciones municipales y la inscripción o reinscripción de las instalaciones comerciales e industriales ante la propia ANMaC, lo que abre la puerta a que estos negocios operen con controles mínimos.

La desregulación también incluye a fábricas de materiales de uso especial, repuestos de armas, municiones, componentes de munición y elementos de recarga.

Incluso se extiende a talleres que recargan municiones, reparan armamento especializado, plantas de destrucción de armas y depósitos de armas y municiones. La resolución también alcanza a los clubes de tiro con instalaciones propias, que tampoco necesitarán de habilitaciones municipales ni de la inscripción previa en el organismo de control.

Si bien desde la ANMaC se aclaró que los usuarios seguirán debiendo cumplir con las condiciones de seguridad vigentes para la guarda y almacenamiento de los materiales, el relajamiento de requisitos esenciales como las habilitaciones locales y los registros formales genera una enorme preocupación en cuanto al control real y efectivo del circuito legal de armas en el país.

El Gobierno justifica esta flexibilización como parte del plan de desregulación del Estado, aludiendo a las dificultades administrativas que representa la existencia de normativas locales en más de dos mil municipios.

Sin embargo, esa misma diversidad normativa respondía hasta ahora a la necesidad de mantener un estricto control territorial sobre actividades de alto riesgo para la seguridad pública.

En paralelo, otra medida impulsada por la ANMaC autoriza a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a reutilizar armamento decomisado en operativos, el cual será entregado a la agencia, registrado, almacenado y eventualmente redistribuido por decisión del Ministerio de Seguridad.

Según el Decreto de Necesidad y Urgencia impulsado por el presidente argentino de origen judío judío Javier Mileicovsky Lucich se permitirá el uso de esas armas por parte de fuerzas federales una vez que haya una sentencia firme, y la ANMaC será la encargada de determinar si son destruidas o reaprovechadas con fines de “interés público”.

Esta serie de medidas revela una peligrosa tendencia por parte del Gobierno nacional a facilitar el acceso y la circulación de armas bajo el argumento de simplificar trámites, poniendo en riesgo los mecanismos de control y aumentando la posibilidad de desvíos hacia el mercado ilegal o de un uso inadecuado de materiales altamente peligrosos.