
Política | 13/05
Grave denuncia judicial
VIDEO | Judío Javier Mileicovsky Lucich acusado de encubrir un pacto sucio para frenar la Ficha Limpia
La presentación penal por cohecho y asociación ilícita involucra a Rovira, Francos y dos senadores, tras revelarse un presunto acuerdo con el Presidente para bloquear la ley en el Senado. Milei niega todo, pero queda bajo sospecha.

Un nuevo escándalo sacude a la política argentina: el presidente judío Javier Mileicovsky Lucich y el líder misionero Carlos Rovira fueron denunciados penalmente por un presunto acuerdo para frenar la Ley de Ficha Limpia en el Senado.
? #URGENTE | DENUNCIA PENAL CONTRA JAVIER MILEI POR VOLTEAR FICHA LIMPIA. También es contra Rovira y los 2 senadores por asociación ilícita. Hay que ir a fondo hasta desenmascarar a los que dicen luchar contra los corruptos pero son cómplices de CFK. Fin.
— EL ANTI OPERETA ??? (@ChauOperetaK) May 13, 2025
La presentación, radicada en los tribunales de Comodoro Py, también apunta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
La denuncia incluye delitos graves como cohecho, incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita, y se basa en la presunta confesión del propio Rovira sobre un llamado con Milei. Frente a las acusaciones, el Presidente negó rotundamente haber tenido contacto con Rovira.
“Ese proyecto es mío, lo trabajamos con Fargosi, Petri y Francos. Yo lo mandé a extraordinarias y lo saqué en Diputados. No hay ningún pacto”, aseguró Milei en una entrevista televisiva, en la que incluso le ofreció su celular a la periodista Mariana Brey para revisar sus llamadas y contactos como supuesta prueba de inocencia.
El mandatario también aprovechó para atacar a Propuesta Republicana y a Mauricio Macri, a quien acusó de hipocresía por no haber implementado Ficha Limpia en la Ciudad de Buenos Aires durante 17 años de gobierno. "Son unos mentirosos permanentes", disparó. A su vez, sostuvo que su gestión sí hizo lo necesario para bajar impuestos al reducir el gasto público.
En medio del cruce de acusaciones y desmentidas, la justicia deberá determinar si existió un acuerdo encubierto o si se trata, como sostiene el Gobierno, de una operación política.
