La gestión del presidente Javier Milei metió al país en un pozo de hambre que castiga con saña a los más chicos. Un relevamiento privado revela que el 51 por ciento de las niñas, niños y adolescentes de hogares con trabajadores informales padece inseguridad alimentaria, un nivel que no se veía en al menos 15 años. Es decir, sus padres trabajan, pero igual no les alcanza y permenacen por níveles debajo de la pobreza.

Este dato, que supera los picos de las crisis de 2019 (43 por ciento) y 2020 (49 por ciento), dibuja un panorama desolador: la precariedad laboral no solo condena a las familias a la pobreza, sino que hipoteca el futuro de generaciones enteras. 

La informalidad laboral, que afecta al 42 por ciento de los trabajadores, es el motor de esta tragedia. Cinco de cada diez trabajadores informales son pobres, incapaces de cubrir la canasta básica pese a estar ocupados.

Esto se traduce en 4,3 millones de menores enfrentándose a porciones reducidas de comida o, en los casos más extremos, al hambre pura y dura. La situación es aún más grave en hogares monoparentales, numerosos o pobres, pero el factor determinante sigue siendo el empleo precario.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA detalla que, desde 2010, la inseguridad alimentaria en la infancia creció sin freno, con un salto alarmante desde 2017. En 2024, el 35,5 por ciento de los menores de 17 años enfrenta esta problemática, y un 16,5 por ciento sufre su forma más severa: hambre declarada.

Los hogares con empleo informal registran un 51 por ciento de inseguridad alimentaria, 15 puntos por encima del promedio general y 40 puntos más que los hogares con empleo formal.Las políticas de Milei, lejos de atacar estas raíces estructurales, han echado nafta al fuego.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, aunque logran mitigar el riesgo alimentario en algunos casos, no alcanzan para contrarrestar el impacto de la informalidad y la inestabilidad laboral. Estas transferencias, según el informe, reducen levemente la inseguridad alimentaria, pero su efecto es un parche frente a un sistema laboral que tritura derechos y condena a millones al hambre.

El mapa de la informalidad agrava el diagnóstico: mientras el Gran Buenos Aires (40,4 por ciento), la Región Pampeana (39,8 por ciento) y la Patagonia (26,6 por ciento) muestran tasas por debajo del promedio, el NOA (54,2 por ciento), Cuyo (50,2 por ciento) y el NEA (49,2 por ciento) reflejan una precariedad galopante.

La gestión libertaria, con su obsesión por el ajuste y la desregulación, no solo fracasó en contener esta crisis, sino que la profundizó. La malnutrición infantil no es solo un número: es un golpe directo a la salud, el aprendizaje y el desarrollo de millones de chicos.