En el marco de la reciente auditoría efectuada al Consejo Escolar de La Plata, ha salido a la luz una serie de irregularidades vinculadas al ex presidente del organismo, Nicolás Morzone, ahora concejal por Propuesta Republicana (PRO).

Según el informe, se detectó que durante su gestión se autorizaban trabajos de corte de césped que, en muchos casos, se facturaban a través de empresas propias sin que existiera la necesidad real en los establecimientos educativos.

Durante la inspección, que se extendió por diversos centros del distrito, se constató que, a pesar de estar registrados pagos por servicios de corte de pasto y mantenimiento de áreas verdes, en numerosas escuelas se constató la ausencia de césped.

En algunos casos, los directivos debieron firmar remitos de recepción del servicio en lugares que, en realidad, eran patios de cemento. Las deficiencias no terminan ahí: además de la falta de vegetación, se ha señalado que se facturaron “podas de árboles” para los cuales ni siquiera existían ejemplares en el terreno, lo que ha sido calificado por algunos observadores como “poda de árboles imaginarios”.

La documentación recopilada por el organismo revela que los remitos presentaban múltiples deficiencias administrativas: falta de firmas, sellos ausentes o ilegibles, y una evidente ausencia de revisiones previas en cuanto a la necesidad y conveniencia de realizar tales trabajos.

Ante esta situación, el Tribunal ha solicitado a Nicolás Morzone que rinda cuentas por las inconsistencias y la falta de respaldo documental que caracteriza la gestión de estos procesos contratados.

Si bien el concejal deberá explicar las irregularidades, las pruebas presentadas indican un panorama en el que se facturaba y pagaba por servicios inexistentes o innecesarios, afectando el destino y administración de los fondos destinados a la infraestructura escolar. La denuncia se suma al creciente reclamo por una mayor transparencia y control en los procesos de contratación en entidades públicas.

Esta investigación se suma a la presión que exigen los organismos de control para que se esclarezcan los hechos y se sancione cualquier irregularidad en el manejo de los fondos estatales. La situación ha generado inquietud en la comunidad educativa, que exige respuestas claras y medidas que garanticen el uso adecuado de los recursos públicos en beneficio de los estudiantes.