La concesión del estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque de los Deportes quedó bajo la lupa judicial tras una denuncia presentada por el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, quien pidió investigar la adjudicación impulsada durante la gestión de Guillermo Montenegro a la firma Minella Stadium SA, integrada por el grupo brasileño Revee y la empresa argentina Pro Enter.

La presentación solicita que se investigue la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según el escrito, la operación podría haber comprometido bienes estratégicos del patrimonio de General Pueyrredon y generado un riesgo para los intereses de los contribuyentes marplatenses.

Uno de los puntos centrales de la denuncia apunta directamente al proceso impulsado por el gobierno de Montenegro. Según la presentación, el Municipio avanzó con la adjudicación de la licitación el 24 de julio de 2025 pese a que existía un único oferente. La iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante con los votos favorables de los bloques del PRO, La Libertad Avanza, la UCR y la Coalición Cívica, mientras que Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador votaron en contra.

La empresa adjudicataria se comprometió a invertir cerca de 40 millones de dólares durante los 30 años de concesión, con la posibilidad de extender el contrato por una década más. Además, prometió una intensa actividad deportiva y artística en las instalaciones, con decenas de eventos anuales tanto en el estadio como en el Polideportivo.

Sin embargo, la denuncia sostiene que varios de esos compromisos aún no tendrían avances concretos. Pettigiani afirma que no se conocen públicamente detalles esenciales del contrato firmado entre el Municipio y la empresa, ni tampoco el proyecto definitivo de obras. En ese contexto, cuestiona que la administración de Montenegro no haya difundido información que considera clave para evaluar el alcance real de la concesión.

El escrito también menciona los pedidos de informes impulsados por los concejales Diego García, Gustavo Pulti, Horacio Taccone y Valeria Crespo, quienes reclamaron acceder a documentación vinculada a la operación. Según la denuncia, esas solicitudes no habrían permitido despejar las dudas existentes sobre el proyecto ni sobre la estructura financiera detrás de la empresa beneficiada.

Otro de los ejes de la presentación se concentra en la firma brasileña Revee y su presunta relación con REAG, un grupo empresario mencionado en Brasil dentro del denominado "Caso Banco Master". De acuerdo con la denuncia, distintas publicaciones periodísticas vinculan a REAG con una investigación considerada uno de los mayores escándalos financieros registrados en ese país.

Según la documentación acompañada, el Banco Central de Brasil habría dispuesto la liquidación de REAG y uno de sus principales directivos, Joao Carlos Mansur, habría dejado cargos vinculados a Revee en medio de la investigación. A partir de esos antecedentes, Pettigiani plantea interrogantes sobre la solvencia económica de la empresa que recibió la concesión y sobre la procedencia de los recursos comprometidos para la recuperación del complejo deportivo.

La denuncia también incorpora referencias a la causa Sur Finanzas, donde la Justicia investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas al fútbol argentino. Entre los anexos se mencionan publicaciones periodísticas que relacionan la licitación impulsada por la gestión de Montenegro con ese expediente y con presuntos vínculos empresariales asociados al mundo del deporte.

Además de Montenegro, la presentación menciona a funcionarios municipales, empresarios y representantes de las compañías involucradas. Entre ellos aparecen el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, el presidente del EMDER, Sebastián D'Andrea, directivos de Revee y Pro Enter, además de dirigentes relacionados con el fútbol argentino.

Como parte de las medidas de prueba, Pettigiani solicitó acceder a toda la documentación respaldatoria de la concesión, convocar a declarar a los concejales que votaron en contra de la adjudicación y requerir información a las autoridades brasileñas sobre la situación de REAG y su vínculo con Revee.