Noelia Florencia Ruiz construyó un perfil a lo largo de los años sobre dos pilares: el feminismo institucional y la militancia en el PRO. Nació en Castelar, es licenciada en Relaciones Internacionales por la UCA y posee un máster en Gestión Pública del Instituto Ortega y Gasset de Madrid.

Se define públicamente como feminista, speaker y especialista en participación y representación política de las mujeres, y fue autora de la Ley de Emergencia en Violencia Familiar, de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, sancionada en mayo de 2020. Sin embargo, hoy su nombre aparece vinculado a una investigación judicial que sacude al organismo encargado de regular los 57 aeropuertos del país.

Ruiz desarrolló gran parte de su carrera política con proyección hacia Mercedes en Buenos Aires por influencia de su padre, quien tenía una casa quinta en la ciudad, aunque ella era oriunda de Morón.

Fue diputada provincial entre 2019 y 2023, respondiendo al espacio de María Eugenia Vidal, de quien se desempeñó como jefa de asesores en la Jefatura de Gabinete bonaerense cuando Federico Salvai conducía ese ámbito. También militó junto a Francisco de Narváez en Unión Celeste y Blanco, antes de incorporarse al PRO. Más adelante concretó un desembarco político en Mercedes previo a las elecciones de 2023. "Le puso mucha plata Larreta para la campaña", asegura un militante.

De esa manera fue ganando presencia, aunque recibió cuestionamientos por no ser mercedina. Aun así, avanzó hasta convertirse en presidenta del PRO Mercedes en enero de 2022. Además, encabezó La Generación, la agrupación juvenil del partido amarillo en territorio bonaerense. En las PASO de 2023 fue precandidata a intendente de Mercedes por Juntos por el Cambio, dentro de un distrito que la fuerza gobernó durante décadas.

Su postulación formó parte de un armado que incluyó listas de concejales en un escenario donde el PRO intentaba sostener la hegemonía del larretismo a nivel local, con respaldo de la Ciudad de Buenos Aires y propuestas que reflejaban una visión porteña, rechazadas por los vecinos, como la idea de transformar el Parque Municipal Independencia en un playón recreativo mediante la tala de gran parte de su arbolado.

Tras su paso por la Legislatura bonaerense, su regreso a la estructura estatal nacional llegó de la mano de Guido Giana, dirigente ex PRO vinculado al entorno de Santiago Caputo, el asesor presidencial de mayor influencia dentro del gobierno libertario. Caputo habría impulsado personalmente su nombramiento y la propia Ruiz se identificaría dentro de ese círculo como "la killer" del asesor presidencial.

En julio de 2024, el presidente Javier Milei la designó mediante el Decreto 660/2024 al frente del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), un fideicomiso que administra más de 150 millones de dólares destinados a proyectos productivos en Tierra del Fuego.

Paralelamente integró el directorio de ARSAT. Luego de la renuncia de Facundo Leal a la presidencia del ORSNA, organismo encargado de regular y controlar el sistema aeroportuario nacional, Ruiz asumió como presidenta del Directorio mediante el Decreto 155/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei y el ministro Luis Caputo, con vigencia retroactiva al 27 de febrero de 2026.

El 11 de junio la Justicia federal comenzó a avanzar sobre un presunto esquema de corrupción dentro del ORSNA. La pesquisa se inició a partir de una denuncia presentada el 3 de junio por la diputada nacional Marcela Pagano y quedó a cargo del fiscal federal Ramiro González, titular de la Fiscalía Federal número 7.

González impulsó formalmente la acción penal y solicitó diversas medidas de prueba orientadas a reconstruir el funcionamiento interno del organismo, con el objetivo de determinar si existió un mecanismo de administración irregular de fondos públicos.

Los cuatro funcionarios investigados son Noelia Florencia Ruiz, presidenta del ORSNA; Lucila Belén Pagani, vicepresidenta del organismo; Facundo Gaitán, designado como controller con tareas de supervisión política sobre áreas operativas; y Facundo Leal, ex presidente del ORSNA, detenido el 27 de mayo de 2026 en una causa vinculada a su paso por ARSAT.

El fiscal pidió además un informe de Nosis sobre la situación patrimonial de los cuatro involucrados para contrastar la evolución de sus bienes con las denuncias sobre elevados ingresos y manejos presuntamente irregulares.

También requirió al ORSNA los legajos personales de los acusados para examinar las condiciones de sus designaciones, antecedentes y escalas salariales.

De acuerdo con la presentación judicial, detrás de la operatoria existiría un sistema de cobro de retornos para habilitar pagos y certificaciones de obra, mediante un porcentaje que rondaría el 10 por ciento del valor de cada trámite.

La atención está puesta en el manejo del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA), uno de los principales instrumentos financieros del sector. La denuncia menciona una concentración de adjudicaciones en un reducido grupo de constructoras: Agro, Lemiro Pietroboni, Cemisa y Centro Construcciones. González solicitó al ORSNA el detalle de todas las obras adjudicadas a esas firmas desde el 1 de enero de 2025.

La hipótesis de la investigación sostiene que la estructura de poder que respondía a Leal no sólo sobrevivió a su salida del organismo, sino que se fortaleció bajo la conducción de las actuales autoridades, mediante cambios administrativos que derivaron en mejoras salariales y una mayor concentración de decisiones estratégicas.

La fiscalía amplió además las actuaciones hacia la SIGEN, la AGN, la Oficina Anticorrupción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), solicitando información sobre posibles antecedentes, denuncias o advertencias relacionadas con el ORSNA y las empresas constructoras involucradas.

El perfil político de Ruiz tampoco puede analizarse sin la influencia de Santiago Caputo, quien la incorporó desde el armado político de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

Su llegada al ORSNA fue considerada estratégica dentro del interés del asesor presidencial por el sector aeronáutico. Ese interés tiene un nombre propio: Leonardo Scatturice, señalado como ex agente de inteligencia y nuevo propietario de Flybondi.

El episodio que dejó expuesta esa trama de relaciones ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando Laura Belén Arrieta, empleada de Scatturice e integrante de la CPAC, logró ingresar al país diez valijas sin controles tras arribar en un vuelo privado desde Miami, gracias a una llamada que habría paralizado la actuación de la PSA y la Aduana.