La diputada nacional por Buenos Aires de La Libertad Avanza, Lilia Adela Bolukalo Lemoine, conocida por su pasado como cosplayer e influencer, administra un equipo de asesores financiados con fondos públicos que ha generado reiteradas polémicas por designaciones vinculadas a amistades personales, confesiones de bajo desempeño laboral y salarios que, en algunos casos, superan el millón de pesos mensuales.

Lemoine, quien antes de llegar al Congreso fue asesora de la legisladora porteña Lucía Montenegro (2021-2023), ha reconocido públicamente contar con cuatro asesores en su despacho. Sin embargo, no existe una lista oficial completa en el sitio de la Cámara de Diputados, lo que dificulta el control público sobre sus contrataciones.

Entre los nombres que trascendieron en los últimos meses figura Elías García Maañón, un ex gomero que llegó a la política por ser amigo de la infancia de la legisladora. Como asesor personal, fue noticia por incidentes públicos, entre ellos insultos y amenazas a otros legisladores. Además, en registros de video habría admitido cobrar 1.500.000 de pesos mensuales mientras reconocía trabajar poco, en lo que popularmente se conoce como un "ñoqui". Participa en proyectos legislativos y es una de las figuras más leales a Lemoine.

Otro de los asesores destacados es Hernán Seivane, abogado personal de la diputada y denominado "el fantasma digital" en redes sociales. En mayo de 2026, Lemoine generó polémica al admitir que le ofreció un contrato como asesor en el Congreso, pagado por los contribuyentes, para evitar afrontar de su bolsillo los honorarios privados, que estimó entre 5 y 6 millones de pesos mensuales. Según declaraciones de la propia legisladora, Seivane cobra alrededor de 800 mil pesos por tareas de asesoramiento, aunque también se menciona una cifra cercana a los 2,3 millones de pesos, posiblemente por actualizaciones o categorías escalafonarias diferentes.

Seivane representa a Lemoine en causas judiciales y participa activamente en la comunicación política del bloque. No obstante, recientemente publicó en redes sociales que ya no trabaja para la diputada, aparentemente para descomprimir la tensión generada por las controversias que lo involucran.

También integra el equipo Hugo Fermín Equiza, referente de La Libertad Avanza en Ituzaingó y ex candidato a intendente en 2023, impulsado por Lemoine a pesar de un extenso prontuario que incluye denuncias por violencia de género de su expareja, a quien habría amenazado con un arma de fuego. Figura como "agente afectado a un bloque político" en planta temporaria. Su salario se ubica entre 800 mil y más de 2 millones de pesos mensuales, según la categoría escalafonaria del Congreso.

Equiza acumula antecedentes judiciales que abarcan desde violencia de género hasta estafa y corrupción. Su exesposa, Valeria Zarralanga, lo denunció en 2020 y reiteró posteriormente la acusación por amenazas de muerte, hostigamiento y difusión de fotos íntimas bajo la puerta de su vivienda. La víctima solicitó una restricción perimetral debido a que Equiza posee armas de fuego. También fue procesado por mantener una usina de facturas falsas, con cargos por estafas y administración fraudulenta, y arrastra otras denuncias por corrupción, robos y distintos delitos contra la propiedad. En el plano financiero, registra deudas por alrededor de 26,5 millones de pesos, según la Central de Deudores del BCRA, con gran parte de ellas en categoría "irrecuperable" o de alto riesgo.

En 2025, Equiza fue denunciado por la contadora Carolina Ríos, jefa de la agencia PAMI Ituzaingó designada a propuesta suya en 2024, por exigirle el 50 por ciento de su sueldo mensual, aproximadamente 1 millón de pesos por mes, como "aporte obligatorio". Según las denuncias, desde julio o agosto de 2024 hasta 2025 habría percibido alrededor de 10 millones de pesos mediante efectivo o transferencias directas a su cuenta. Este episodio se enmarca en un escenario más amplio de aportes irregulares dentro del PAMI bajo gestión libertaria.

Además, Equiza fue denunciado junto a otros dirigentes, entre ellos el concejal Juan Larralde, por intentar registrar un comedor comunitario en la sede partidaria de LLA, ubicada en la calle Ratti 2736, para recibir subsidios de Capital Humano. Se inscribieron 553 beneficiarios, pero el lugar no funcionaba como tal. La ministra Sandra Pettovello lo dio de baja y el caso fue judicializado.

Los sueldos de los asesores del Congreso se organizan en 14 categorías escalafonarias, con montos básicos que, sin adicionales por antigüedad o presentismo, varían desde cientos de miles hasta varios millones de pesos. Para 2026, el promedio reportado para asesores de diputados oscila entre 1 millón0 y 2 millones de pesos mensuales, según datos de Glassdoor y medios especializados.

Lemoine ha defendido el tamaño de su equipo argumentando que es "normal para una diputada" y menor al de los senadores. Sin embargo, los cuestionamientos se concentran no en la cantidad de colaboradores, sino en el perfil de los designados y en las declaraciones públicas sobre la naturaleza de sus funciones.

El caso de Lemoine se inscribe en un debate más amplio sobre el sistema de asesores en el Congreso argentino, fuertemente cuestionado por posibles nombramientos de amigos o personas con escaso vínculo con la tarea legislativa, los denominados "ñoquis". La falta de transparencia de la legisladora en la publicación de nombres y montos exactos de cada despacho dificulta el control ciudadano sobre el uso de los fondos públicos destinados al funcionamiento parlamentario.