En plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, una denuncia de alto impacto pone en jaque a la alianza política “Unión y Libertad”.

Según informó RealPolitik, Viviana Aguirre, a través de su abogado Lucas Adrián Carril, presentó un escrito ante la Junta Electoral bonaerense donde detalla un entramado irregular que podría configurar delitos graves como falsificación de documentos públicos y privados y estafa, con posibles agravantes por la participación de funcionarios públicos.

Aguirre comenzó a trabajar en febrero en la conformación del espacio, que inicialmente se llamó “Unión, Renovación y Fe”, realizando tareas políticas, traslado de personas para completar listas y asistiendo a reuniones en la Ciudad de Buenos Aires.

Según RealPolitik, participó activamente en la grabación del spot electoral como segunda candidata a diputada provincial por la sección capital, afrontando gastos personales y sacrificando su actividad laboral habitual.

Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando al salir la nómina oficial de candidatos, Aguirre vio que su nombre había sido sustituido por otro sin su consentimiento.

Un hecho similar ocurrió en Florencio Varela con Micaela Abigail Barreto Bernal, quien firmó como primera candidata a concejal y terminó figurando como segunda consejera escolar. En una foto difundida por la denunciante se la ve junto a César Fuentes, quien ocupó su lugar en la lista. Además, según la presentación judicial, los responsables de la maniobra serían Juan Del Oso, Facundo Zaldua y Julieta Jofré, apuntó RealPolitik.

La denuncia también señala el uso de lapiceras con tinta borrable para alterar firmas y avales, y acusa directamente a Juan Del Oso, apoderado de la lista, de “vender” candidaturas y modificar los lugares asignados, con presunta intervención del senador Carlos Kikuchi y del dirigente Carlos Provasi del Partido Federal.

Además, Aguirre denunció que se les pidió a los integrantes del espacio modificar sus nombres de usuario en redes sociales para promover la marca “Unión y Libertad”, pedido que ella cumplió confiando en el proyecto político, apunta RealPolitik.

Finalmente, en su presentación, Aguirre solicitó a la Junta Electoral que se inhabiliten las candidaturas de la alianza en los cargos cuestionados y que se eleve la causa a la Justicia Penal para que se investigue la maniobra. En caso de avanzar, los implicados podrían enfrentar procesos por delitos electorales y otros comunes.

Este escándalo emerge en un contexto electoral atípico, ya que el gobernador Axel Kicillof decidió separar las elecciones provinciales del 7 de septiembre de las nacionales del 26 de octubre, buscando condicionar resultados y evitar la mezcla de boletas de distintos sistemas de votación.