El presidente Javier Milei se ve acorralado por la Justicia en la causa iniciada por Ian Moche, un niño de 12 años con autismo que lucha por la inclusión, y usa como excusa una de sus principales carencias: la libertad de expresión. 

Lo que comenzó como un retuit ofensivo se convirtió en un bochorno judicial que cuestiona el uso presidencial de las redes sociales y revive fantasmas de escándalos como el caso $LIBRA.

En junio, Milei retuiteó un posteo que atacaba a Ian, activista por los derechos de las personas con discapacidad, tras una entrevista donde el niño denunció comentarios insensibles de Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad y ex abogado de Milei.

Spagnuolo habría dicho: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?”, minimizando la discapacidad como un “problema del Estado”.

Desde entonces, la familia Moche sufre hostigamientos de cuentas oficialistas pagadas "con la nuestra".

En su defensa, presentada recientemente ante el juez federal de La Plata Alberto Recondo, Milei niega categóricamente todo: que su cuenta @JMilei sea oficial, que el retuit sea un acto estatal o agraviante, y que cause daño irreparable.

Invoca la libertad de expresión, alegando que criticaba al periodista Paulino Rodrigues, no a Ian.

“Es una publicación protegida por la Constitución”, afirma en un escrito de 34 páginas respaldado por la Procuración del Tesoro, que califica la demanda como una “aventura jurídica” embarcada por adultos, descargando culpas en la familia.

Sin embargo, la Justicia no compró el relato. En julio de 2025, el fiscal Oscar Gutiérrez Eguía dictaminó que la cuenta de Milei, verificada con la tilde gris para jefes de Estado, se usa con fines oficiales.

El juez Recondo hizo lugar, obligando al Ejecutivo a pronunciarse y dando a Milei cinco días para responder.

Esta resolución no solo desarma la excusa de “cuenta personal”, sino que vincula el caso a la causa $LIBRA, una estafa con criptomonedas donde Milei promocionó el token desde la misma cuenta.

Expertos advierten que podría reabrir investigaciones y sentar precedente: un presidente no puede esconderse detrás de un tuit “privado” para agraviar.

El bobocero Manuel Adorni intentó minimizar: “Milei criticaba la utilización del niño por medios y oposición”.

Pero Andrés Gil Domínguez, abogado de Ian, rebate: “Si fuera sincero, bastaba una disculpa o eliminación del posteo. Nada ocurrió”.

Milei, que demandó a periodistas por críticas, aplica una doble vara: libertad de expresión para él, pero represión para otros.

Este episodio revela la crudeza de un Gobierno que prioriza la confrontación sobre la empatía.

Mientras Ian y su familia defienden derechos básicos, Milei opta por el negacionismo, prolongando un daño evitable.

La sociedad observa: ¿prevalecerá la justicia o la impunidad del prescindente sin escrúpulos?