Política | 17:11

Repercusión

Un fallo histórico reactivó las denuncias y Marcelo Peretta cargó contra exfuncionarios nacionales

El bioquímico consideró que la resolución abre una nueva etapa de discusión sobre las decisiones tomadas durante el Covid.

La Cámara Federal de Córdoba reconoció una relación de causalidad entre la aplicación de la vacuna Sputnik V y la muerte de Melín Sartori, una joven deportista de 24 años que falleció en julio de 2021 tras sufrir graves complicaciones neurológicas. La resolución judicial se conoció en el marco de una demanda impulsada por la familia de la víctima y volvió a poner bajo la lupa algunas de las decisiones adoptadas durante la emergencia sanitaria.

De acuerdo con los antecedentes incorporados al expediente, la joven no presentaba enfermedades previas y comenzó a manifestar síntomas pocos días después de recibir la primera dosis contra el Covid-19. El fallo fue interpretado por distintos sectores como un antecedente relevante dentro de los reclamos vinculados a posibles efectos adversos de las vacunas aplicadas durante la pandemia.

Tras conocerse la decisión judicial, Marcelo Peretta lanzó fuertes críticas contra el expresidente Alberto Fernández y contra funcionarios que tuvieron participación activa en la estrategia sanitaria. El farmacéutico sostuvo que el costo económico de la demanda terminará siendo afrontado por el Estado y cuestionó la rapidez con la que fueron autorizadas algunas vacunas durante aquel período.

Peretta también apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta, Fernán Quirós y Nicolás Kreplak, a quienes responsabilizó por promover la vacunación y las restricciones sanitarias implementadas durante los momentos más críticos de la pandemia. Además, afirmó que durante esos años existieron voces críticas que fueron desplazadas del debate público mientras especialistas favorables a la inmunización tenían una fuerte presencia mediática.

La causa judicial continúa avanzando mientras la familia de Melín Sartori reclama una indemnización por daños y perjuicios. El caso abre un nuevo capítulo en la discusión sobre las responsabilidades del Estado frente a los efectos adversos asociados a tratamientos aplicados durante la emergencia por coronavirus.

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