Oftalmólogos han destapado una maniobra escandalosa: bajo el Gobierno de Javier Milei, el PAMI está pagando entre 5 y 10 veces más que el precio de mercado por lentes intraoculares para cirugías de cataratas, en el marco de una licitación que alcanza los 80 mil millones de pesos.

Esta exorbitante inflación de costos pone en evidencia la ineptitud y la posible corrupción de la gestión libertaria, que parece más interesada en beneficiar a ciertos sectores que en proteger a los jubilados.

Según trascendió, el PAMI, bajo la gestión de Esteban Leguízamo, cambió drásticamente el mecanismo de compra, disparando los costos y generando sospechas de un esquema de corrupción orquestado desde el organismo.

Hasta julio, los oftalmólogos compraban los lentes directamente y rendían la factura al PAMI junto con sus honorarios, con un costo transparente de aproximadamente 35 mil pesos por lente monofocal.

Sin embargo, en agosto, el PAMI dio de baja este sistema, optando por una compra masiva y lanzando una licitación por 80 mil millones de pesos. 

Según los contratos adjudicados a cinco laboratorios, el organismo paga ahora entre 150 mil y casi 300 mil pesos por cada lente.

Un ejemplo flagrante: Visión Médica S.A. cotizó sus lentes Eyeol a 28.249 pesos, pero el PAMI los adquirió a 279.704 pesos, un sobreprecio escandaloso que beneficia a unos pocos mientras perjudica a los jubilados.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), liderado por Rodolfo Aguiar, denunció “la existencia de sobreprecios y el pago de retornos” en esta operación.

“Los valores son cinco veces más caros que los de mercado. Además, los insumos son de menor calidad, y miles de jubilados ya denunciaron afecciones graves tras usar estos productos”, afirmó.

El sindicalista fue tajante: “Centralizaron las compras para robar. No es casual que desde que asumió este gobierno hayan eliminado controles y auditorías. Acá hay mucho más que un 3 por ciento en vueltos”, se burló al referirse a las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. 

El PAMI intentó defenderse en un comunicado al decir que “no paga de más” y comparó sus costos con otros financiadores: la obra social del Poder Judicial paga 740 mil pesos por la misma práctica, y OSDE hasta 1.148.016 pesos, mientras que el PAMI lo hace por menos gracias a sus volúmenes.

No obstante, esta justificación no explica el abismal salto de precio ni las irregularidades detectadas. 

Además, los Kovalivker sugieren que laboratorios como los de Cilfa podrían estar detrás de un entramado de coimas, sumando más sombras a la licitación.

Este escándalo salpica nuevamente al ministro de Salud, Mario Lugones, quien ya enfrentaba críticas por la crisis del fentanilo contaminado, con 97 muertos, y las falencias de la ANMAT, que tardó tres meses en retirar el medicamento pese a advertencias.

El caso ANDIS, con denuncias de coimas, le permitió a Lugones esquivar temporalmente el foco, pero este nuevo episodio lo devuelve al centro de la tormenta.