El Espacio Intercuencas salió con los tapones de punta contra los decretos de Necesidad y Urgencia 493/2025 y 494/2025, que eliminan el reconocimiento del agua como derecho humano y reducen los estándares de control sobre su calidad.

También rechazan la decisión del Gobierno de Javier Milei de avanzar con la reprivatización de AySA, la empresa de agua y saneamiento que actualmente se encuentra bajo gestión estatal. Para visibilizar esta situación, el espacio prepara para este sábado 20 distintas acciones simultáneas: semaforazos, pegatinas de afiches y volanteadas en Tigre, San Isidro, Vicente López y otros distritos del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

El Espacio Intercuencas reúne a organizaciones sociales y vecinales de las cuencas Reconquista-Luján, Matanza-Riachuelo y del Río de la Plata, y sostiene que el agua debe ser garantizada como derecho esencial de la vida.

Desde esta mirada, denuncian las políticas neoliberales del actual gobierno, que —según remarcan— buscan repetir el fracaso de las privatizaciones de los años ‘90, cuando las empresas privadas se beneficiaron con tarifas dolarizadas, amnistías a incumplimientos de inversión y fuga de capitales sin reinvertir en la cobertura del servicio.

Las organizaciones recuerdan que tras la crisis de 2001, la reestatización de AySA permitió reconocer el agua como derecho humano, lo que amplió la cobertura de agua potable del 76 por ciento en 2006 al 85 por ciento en 2022 y la de cloacas del 57 por ciento al 72,6 por ciento.

Destacan que esa expansión fue posible gracias a programas como Agua Más Trabajo y Agua Más Cloaca, que no solo mejoraron la salud en los barrios populares, sino que también generaron empleo. Sin embargo, contrastan estos logros con la gestión actual, que califican como un “ajuste brutal”, con tarifazos, despidos y suspensión de obras.

Los números que difunden son elocuentes: tarifas aumentadas más de un 200% en 2024, ajustes mensuales acumulados del 360 por ciento desde diciembre de 2023, despidos del 20 por ciento de la planta laboral (de 7.799 a 6.222 trabajadores) y cierres de sedes de atención al público, lo que dificulta trámites básicos a millones de usuarios.

A esto se suma la suspensión de proyectos de expansión ya financiados, mientras que los decretos 493/25 y 494/25 abren la puerta a vender el 90 por ciento de las acciones de AySA: 51 por ciento a un operador privado y 49 por ciento en bolsa.

Desde el Espacio Intercuencas denuncian además la eventual participación de la empresa estatal israelí Mekorot en la gestión de AySA, a la que señalan como corresponsable de privar de agua a la población palestina en Gaza. “Conocemos cuál puede ser el futuro de otra reprivatización del servicio, porque ya pasó y fracasó”, advierten, y aseguran que esta avanzada responde a intereses de corrupción o a una visión reduccionista del Estado.

Por eso anunciaron un plan de lucha y la adhesión a la Campaña contra la Privatización de AySA, convocando a la población a movilizarse este sábado frente a las sedes cerradas de la empresa y en distintos puntos del conurbano y la CABA.