La avanzada judicial de la Sociedad Rural Argentina para sostener la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei volvió a exponer una contradicción difícil de explicar dentro del RENATRE. Es que mientras Abel "Cacho" Guerrieri se alinea con la estrategia de las patronales rurales para defender la vigencia de la norma, José Voytenco recorre el país denunciando que esa misma reforma profundizará la precarización laboral. Sin embargo, ambos continúan compartiendo sin sobresaltos la conducción del organismo que debería velar por los derechos de los trabajadores rurales.

La escena resulta llamativa porque no se trata de actores enfrentados desde espacios distintos. Guerrieri y Voytenco integran el mismo Directorio del RENATRE y forman parte de una estructura que desde hace más de dos décadas es administrada por representantes de las entidades rurales y de la UATRE. Afuera muestran diferencias irreconciliables. Adentro mantienen una convivencia política que parece inmune a cualquier disputa pública.

La tensión quedó expuesta luego de que la Sociedad Rural Argentina, encabezada por Nicolás Pino, solicitara ser aceptada como tercero interesado en la causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional para cuestionar la constitucionalidad de la Ley 27.802. La entidad agropecuaria se presentó ante la Justicia para respaldar la reforma laboral y pidió expresamente que no se suspenda su aplicación.

Desde la óptica de la SRA, una eventual declaración de inconstitucionalidad podría afectar la previsibilidad jurídica, incrementar la conflictividad y perjudicar el funcionamiento de sectores productivos estratégicos, entre ellos el agro. También respaldó la postura del Gobierno nacional respecto a que la discusión debe tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en la Justicia Laboral.

La posición defendida por Guerrieri no deja margen para las dudas. La conducción de la principal entidad patronal del campo decidió involucrarse directamente para sostener una de las reformas más importantes promovidas por la administración libertaria. El problema aparece cuando esa postura se compara con el discurso que sostiene el otro socio del RENATRE.

Mientras la Sociedad Rural sale a respaldar la reforma, Voytenco encabeza una campaña nacional en sentido contrario. En cada aparición pública, el titular de la UATRE advierte que la informalidad laboral en el sector rural alcanza niveles alarmantes y sostiene que la modernización laboral impulsada por Milei podría empeorar todavía más ese escenario.

El dirigente sindical incluso afirmó que el 70 por ciento de los trabajadores rurales se encuentra en condiciones de informalidad. La cifra genera preocupación por sí misma, pero también abre interrogantes incómodos. Si la UATRE viene ocupando desde hace años posiciones centrales dentro del RENATRE, organismo creado precisamente para registrar trabajadores y combatir el empleo no registrado, el reconocimiento de semejante nivel de precarización también obliga a revisar los resultados de su propia gestión.

La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando se observa la situación interna del Registro. Diversas denuncias sostienen que los trabajadores del RENATRE carecen de representación gremial efectiva y que existe una resistencia sistemática a cualquier intento de afiliación sindical. Según esas versiones, la presencia de organizaciones como UTEDyC no sería admitida dentro del organismo, dejando a los empleados sin una estructura que los respalde frente a conflictos laborales.

A ello se suma un clima que trabajadores y ex trabajadores describen como marcado por el temor a represalias. Las críticas internas, los cuestionamientos a las decisiones de conducción o las diferencias con la línea establecida por las autoridades serían observadas con recelo dentro de una estructura donde el silencio parece haberse transformado en una condición indispensable para conservar el empleo.

En ese contexto, resulta difícil pasar por alto que quienes se presentan públicamente como defensores de los derechos laborales son señalados por no garantizar plenamente esos mismos derechos dentro del organismo que administran. La paradoja adquiere dimensiones aún mayores cuando las denuncias apuntan tanto a representantes sindicales como a dirigentes patronales que, pese a sus diferencias discursivas, comparten responsabilidades de conducción.

Otro de los focos de cuestionamiento recae sobre la Sindicatura designada por el Poder Ejecutivo, cuya actuación es observada con atención por sectores que reclaman mayores controles sobre el funcionamiento interno del organismo. Las críticas apuntan a una presunta pasividad frente a situaciones que, de confirmarse, involucrarían cuestiones sensibles vinculadas a derechos laborales y libertad sindical.

Mientras tanto, la disputa judicial por la reforma laboral continúa su curso. La CGT sostiene que el traslado del expediente fuera de la Justicia del Trabajo vulnera garantías constitucionales y anticipa que la discusión podría terminar en la Corte Suprema. En paralelo, la Sociedad Rural redobla esfuerzos para sostener la vigencia de la norma y el Gobierno busca consolidar una de las transformaciones más relevantes de su agenda.

En medio de ese escenario, Guerrieri y Voytenco aparecen enfrentados ante los micrófonos, pero continúan compartiendo la misma mesa de decisiones dentro del RENATRE. Una postal que resume mejor que cualquier discurso la extraña convivencia entre quienes dicen representar intereses opuestos, aunque llevan años administrando juntos el mismo organismo.