Negocios inmobiliarios denunciados por estafas, medios de comunicación que terminaron en escándalo y una investigación penal que apunta a Francisco Vila Basualdo, uno de los empresarios más controvertidos de la región platense.

En una ciudad como La Plata acostumbrada a los apellidos tradicionales, a los desarrolladores históricos y a los empresarios que construyen prestigio durante décadas, la irrupción de Grupo Delsud fue un fenómeno difícil de ignorar. “Los empresarios construimos nuestros nombres de a poco, ladrillo a ladrillo. Y después está Vila Basualdo”, comentó con ironía un desarrollador local.

Apenas nacido en 2018, el emprendimiento de Francisco Vila Basualdo parecía haber descubierto una fórmula desconocida para el resto del mercado. En cuestión de meses aparecieron oficinas imponentes, campañas publicitarias masivas, presencia en eventos deportivos, cartelería urbana, anuncios en colectivos y una maquinaria de marketing propia de una compañía consolidada.

Una verdadera fortuna de orígenes inciertos fue invertida en una gigantesca campaña de instalación de una marca que quedará registrada en la ignominia y el descrédito del universo empresarial argentino: Grupo Delsud.

En apenas unos años, el joven oriundo de Ameghino pasó de ser una figura prácticamente desconocida para el gran público a liderar un conglomerado que logró instalarse con fuerza en los mercados inmobiliario, financiero y mediático de La Plata, Mendoza y otras regiones del país. La velocidad de ese crecimiento es, precisamente, una de las cuestiones que más interrogantes despierta.

El sueño de la tierra barata

El modelo comercial desarrollado por Vila Basualdo era sencillo y extraordinariamente atractivo para las familias de recursos más humildes y con menor preparación en la materia. Mientras un lote en un desarrollo formal podía costar entre 50 mil y 70 mil dólares, Delsud ofrecía parcelas por una fracción de ese valor, muchas veces financiadas en extensas cuotas. Para una familia que llevaba años soñando con acceder a un terreno propio, la propuesta parecía irresistible.

Sin embargo, detrás de los precios bajos aparecía una pregunta incómoda. ¿Cómo podía una empresa vender tan barato en un mercado donde todos los demás cobraban varias veces más? La respuesta, según sostienen desarrolladores competidores, especialistas urbanísticos y expedientes judiciales, podría encontrarse en el origen mismo de esos emprendimientos.

Las tierras comercializadas eran, en numerosos casos, parcelas rurales o zonas que no contaban con las habilitaciones urbanísticas necesarias para los desarrollos ofrecidos. Según diversas denuncias, los proyectos avanzaban ignorando parámetros básicos de planificación territorial, subdividiendo terrenos en dimensiones que no respetaban las exigencias establecidas por la normativa vigente.

La lógica era simple: cuantos más lotes se obtenían de una misma superficie, mayor era la rentabilidad. El problema era que la matemática podía cerrar para el desarrollador, pero no necesariamente para quienes compraban.

La segunda caja de Vila Basualdo

Las investigaciones judiciales sostienen que Vila Basualdo y Grupo Delsud no solamente desarrollaban barrios ilegales, sino que además montaron una financiera alrededor de esos emprendimientos. En efecto, las sospechas señalan que las propias cuotas en las que se comercializaban los lotes generaban una fuente de ingresos adicional, basada en onerosos intereses y precios diferenciados.

Exempleados y personas vinculadas al sector sostienen que numerosos compradores terminaban atrapados en esquemas contractuales extremadamente desfavorables y que, en muchos casos, Vila Basualdo se ufanó de quitarles los terrenos a quienes se atrasaban con las cuotas. Lo cierto es que, mientras cientos de familias aportaban dinero mes a mes con la esperanza de construir su vivienda, la empresa multiplicaba emprendimientos en distintos puntos del partido de La Plata y del país.

Barrios sin barrio

Otro de los conflictos que apuntan a Vila Basualdo era la relación de Grupo Delsud con las empresas prestadoras de servicios. Dado que la firma no respetaba las mínimas normas urbanísticas dispuestas en las ordenanzas de barrios cerrados, como la medida mínima de los lotes, las características de los complejos y las zonificaciones, compañías como Edelap o ABSA solían negarse a proveer servicios.

“Delsud se colgaba del cable de luz de la calle y lo metía adentro de los barrios, muchas veces colgando del alambrado”, señala uno de los damnificados. “Cuando venía Edelap a cortar el servicio, la empresa avisaba que había presentado un amparo en OCEBA o incluso llegaron al punto de poner una mujer embarazada o un enfermo electrodependiente para que Edelap no pudiera cortar la luz”.

Incluso la documentación era precaria. “En vez de confeccionar un fideicomiso, vendían rápido todos los lotes y ponían a los propietarios en la escritura para poder desaparecer una vez que entregaban el barrio”, explican los damnificados. La sensación compartida por muchos compradores era que, una vez comercializadas las parcelas, la empresa desaparecía del escenario dejando que los propietarios resolvieran conflictos que nunca deberían haber existido.

Los barrios que terminaron en los tribunales

La investigación judicial que actualmente sacude a Grupo Delsud tiene origen en una serie de denuncias impulsadas por la Municipalidad de La Plata.

Según la documentación publicada por distintos medios, las autoridades locales detectaron cientos de desarrollos urbanísticos presuntamente irregulares distribuidos en distintas zonas del partido. La principal preocupación giraba en torno a la comercialización de parcelas en áreas rurales donde la normativa urbanística vigente restringe o directamente prohíbe determinados procesos de urbanización.

La hipótesis que investiga la Justicia es si existió un esquema sistemático de comercialización de terrenos que no contaban con las habilitaciones requeridas.

La causa avanzó de manera significativa cuando el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta solicitó una batería de allanamientos que posteriormente fueron autorizados por la jueza Marcela Garmendia. Los procedimientos alcanzaron oficinas de desarrolladoras, inmobiliarias y escribanías tanto en La Plata como en la Ciudad de Buenos Aires. Los investigadores secuestraron computadoras, teléfonos celulares, documentación comercial, contratos, planos y material publicitario.

Más de mil familias reclamando respuestas

La controversia no se limita a la investigación penal. Distintos grupos de vecinos y compradores vienen denunciando desde hace años problemas en diversos emprendimientos vinculados a Delsud. Barrios como Lomas de Arana, El Juncal, La Escondida, Latitud 34 y Sophenia fueron escenario de reclamos públicos relacionados con obras inconclusas, servicios faltantes y procesos de regularización que, según los denunciantes, nunca terminaron de concretarse.

Los afectados sostienen que adquirieron terrenos bajo determinadas promesas comerciales que luego no se materializaron en los plazos comprometidos. La empresa, por su parte, ha atribuido parte de las demoras a cuestiones administrativas, regulatorias y burocráticas.

Lo que resulta indiscutible es la magnitud del conflicto. Cuando aparecen más de mil familias reclamando simultáneamente, ya no se trata de un inconveniente aislado. Se trata de un fenómeno social.

Del ladrillo al periodismo

Como si el universo inmobiliario no fuera suficiente, Vila Basualdo decidió expandir sus negocios hacia otro terreno especialmente sensible: los medios de comunicación. Así surgieron experiencias como El Editor Platense y El Editor Mendoza, que también terminaron en ruidosos escándalos.

La apuesta parecía audaz. Aunque con el tiempo comenzaron a aparecer denuncias de trabajadores que describieron conflictos laborales, retrasos en aportes, problemas con coberturas médicas, acosos por parte de Vila Basualdo, despidos y condiciones de trabajo que calificaron públicamente como hostiles.

El conflicto alcanzó una dimensión nacional cuando trabajadores de Mendoza denunciaron despidos masivos y diversas irregularidades laborales. Las acusaciones fueron acompañadas por pronunciamientos sindicales y reclamos públicos.

Un holding bajo observación

La historia de Vila Basualdo parece presentar una singularidad. Casi de la noche a la mañana protagonizó escándalos y denuncias judiciales en ámbitos tan diversos como los desarrollos inmobiliarios, los servicios financieros y los medios de comunicación. Y todos terminaron, indefectiblemente, en conflictos laborales, denuncias por estafas, allanamientos e investigaciones judiciales.

La sensación que emerge al observar el conjunto es la de una estructura que creció a una velocidad extraordinaria y que hoy enfrenta el desafío de explicar cómo funcionó realmente ese modelo de expansión.

Mientras tanto, la Justicia continúa determinando responsabilidades individuales y empresariales, los expedientes siguen en trámite y las investigaciones permanecen abiertas. Los damnificados, que vienen denunciando a Vila Basualdo desde hace años, se preguntan cómo fue posible que durante tanto tiempo avanzara un empresario cuestionado por clientes, proveedores, empleados, vecinos, compradores y organismos públicos, sin que nadie encendiera las alarmas antes.