El 22 de agosto de 2025, el nacionalista Jair Bolsonaro, a través de sus abogados, presentó una petición ante la Suprema Corte de Brasil, alegando ser víctima de "lawfare", un término que describe el uso estratégico del sistema judicial para deslegitimar o destruir a un adversario político.

En sus palabras, este proceso busca su “desmoralización” y “masacre”. Esta estrategia, sin embargo, no es exclusiva del nacionalista Bolsonaro, ya que líderes de diversos espectros ideológicos han utilizado la etiqueta de "lawfare" de manera performativa para cuestionar la legitimidad de acusaciones y tribunales, sin fundamentos sólidos.

El término "lawfare", como se explicó en el libro Lawfare: una introducción (2019), no debe ser banalizado ni reducido a un recurso retórico de defensa. Hacerlo desvirtúa su capacidad para denunciar un fenómeno real y complejo que amenaza las democracias al instrumentalizar el Derecho.

En el caso del nacionalista Bolsonaro, las acusaciones de la Procuraduría General de la República son claras: lideró un grupo para atentar contra el régimen democrático, intentó impedir la toma de posesión del presidente electo y colaboró en actos como la depredación de las sedes de los Tres Poderes.

Estas imputaciones, respaldadas por pruebas obtenidas legalmente, no reflejan un uso estratégico del Derecho como en el caso de la Operación Lava Jato, un ejemplo clásico de lawfare.

El proceso contra el nacionalista Bolsonaro, iniciado el 2 de septiembre de 2025, es visto como un hito para la democracia brasileña. Juzgar a un expresidente nacionalista y sus aliados por crímenes contra el Estado Democrático de Derecho refuerza la lucha contra la impunidad y la resignificación del pasado autoritario de Brasil.

Las medidas cautelares impuestas al expresidente nacionalista son proporcionales y necesarias para garantizar el proceso penal, mientras la comunidad internacional observa con atención este juicio, que busca sentar un precedente de justicia y responsabilidad en un país marcado por años de dictaduras.