La gestión de Sebastián Abella atraviesa una acumulación de denuncias, expedientes y observaciones administrativas que ponen bajo presión al Municipio de Campana. Los cuestionamientos abarcan presuntas ocupaciones de inmuebles, adjudicaciones millonarias a una misma constructora, conflictos ambientales ligados al Canal Santa María y un fallo del Tribunal de Cuentas que dejó responsabilidades pendientes de resolución.

Uno de los casos involucra, según fuentes judiciales citadas, a Jorge Gabriel Panno, concejal oficialista y director de Abordaje Territorial. Las presentaciones lo señalan por presuntas ocupaciones de viviendas y locales vinculados a planes provinciales, además de amenazas y agresiones denunciadas por propietarios. Hasta el momento no existe una resolución judicial definitiva sobre esas acusaciones.

Otro frente apunta al Canal Santa María y al emprendimiento Bahías del Paraná. Ambientalistas impulsaron la IPP número 18-00-003019-25 ante la UFI número 1 de Campana por presunto daño ambiental, usurpación de espacio público, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Según las fuentes consultadas, la Fiscalía habría requerido documentación al Municipio en más de una oportunidad.

A esto se suman las contrataciones de PRISMA CONSTRUCTORA S.R.L., adjudicataria de distintas obras municipales. Entre ellas aparecen la ampliación de la Biblioteca Municipal por 400.710.924,58 de pesos, posteriormente alcanzada por una redeterminación de 280.630.115,96, reparaciones en la Escuela Primaria número 1 por 16.738.979,25 y trabajos en centros educativos por 99.827.682,27.

El expediente también alcanza al entorno político y familiar del intendente. La Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura está encabezada por Elisa Abella, hermana del jefe comunal, mientras Orlando Javier Contreras, esposo de Elisa, se desempeña en el área de Hábitat y Banco de Tierras.

El Tribunal de Cuentas bonaerense, mediante el Fallo número 799/2025, aprobó la rendición 2024 pero aplicó una amonestación a Abella por deficiencias en controles de bienes y contrataciones. Además, dejó cuestiones en suspenso y aclaró que el intendente y otros funcionarios no deben considerarse exentos de responsabilidad hasta una resolución definitiva.