El anunciado cierre de tres sucursales del Banco Provincia del Neuquén (BPN) encendió una fuerte alarma en Río Negro. Las dependencias ubicadas en Las Grutas, Choele Choel y Villa Regina dejarían de funcionar en octubre, y la decisión ya provocó una reacción política transversal ante el impacto económico, laboral y social que podría generar en esas localidades.

La situación más delicada se presenta en Las Grutas, donde el BPN representa la única alternativa bancaria con atención presencial permanente durante todo el año. El cierre dejaría a uno de los principales destinos turísticos rionegrinos sin una entidad de esas características, lo que afectaría especialmente a comerciantes, jubilados, trabajadores, prestadores turísticos, PyMEs y vecinos que todavía dependen de trámites presenciales.

El tema rápidamente llegó a la Legislatura de Río Negro, donde los bloques peronistas presentaron dos iniciativas para intentar frenar la salida de las sucursales. Una expresa formalmente la preocupación por la medida, mientras que la otra reclama al Poder Ejecutivo provincial que intervenga y gestione una mesa de diálogo destinada a encontrar alternativas.

El legislador José Luis Berros se convirtió en una de las principales voces del reclamo y advirtió que el problema excede ampliamente una decisión administrativa de una entidad financiera.

“Cerrar sucursales bancarias en nuestras localidades no es solamente bajar una persiana: es retirar presencia del Estado, afectar puestos de trabajo y profundizar la exclusión financiera”, sostuvo.

Para Berros, las consecuencias terminarían alcanzando a buena parte del entramado económico de las ciudades afectadas. “Acá no estamos hablando solamente de una cuestión contable. Estamos hablando de comerciantes, productores, emprendedores, jubilados y familias que necesitan tener un banco cerca para desarrollar su vida cotidiana y su actividad económica”, afirmó.

El caso de Las Grutas concentra buena parte de las preocupaciones. La localidad recibe durante cada temporada una enorme cantidad de turistas y posee una actividad comercial fuertemente vinculada al movimiento de visitantes, por lo que perder su única sucursal bancaria con atención presencial durante todo el año podría generar complicaciones que van mucho más allá de los trabajadores directamente afectados.

“En Las Grutas, uno de nuestros emblemas turísticos, cerrar la única entidad bancaria es un golpe directo a la comunidad y a la actividad económica. No podemos naturalizar que un destino turístico de esa importancia quede sin banco”, cuestionó Berros.

Las iniciativas legislativas fueron acompañadas por Magdalena Odarda, Ayelén Spósito, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempé, de Vamos con Todos, junto con Alejandra Mas, Daniel Belloso, Leandro García y Luis Ivancich, del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro.

Desde esos sectores reclaman ahora una intervención activa del Gobierno de Río Negro para evitar que el conflicto quede reducido a una decisión empresarial y termine consumándose en octubre. El planteo apunta a que la administración provincial utilice los canales institucionales disponibles para defender la continuidad de las dependencias y, especialmente, los puestos laborales.

Berros también relacionó el conflicto con una discusión más profunda sobre la presencia estatal en el interior. “Si queremos una provincia integrada, con producción, turismo, comercio y trabajo, necesitamos garantizar infraestructura y servicios básicos en cada localidad. La banca es parte de esa infraestructura y el Estado tiene que hacerse cargo de defenderla”, expresó.

El reclamo, además, comenzó a superar las fronteras del peronismo. El legislador de la Coalición Cívica-ARI Fernando Frugoni manifestó su preocupación por las consecuencias que tendría particularmente para Las Grutas y pidió que la decisión sea reconsiderada.

Frugoni puso el foco en quienes todavía necesitan atención presencial. Aunque reconoció el crecimiento de las herramientas digitales, advirtió que existen trámites y operaciones para los cuales sigue siendo necesario acudir personalmente a una sucursal, particularmente entre adultos mayores y personas con dificultades de movilidad.

A eso se suma la incertidumbre sobre los trabajadores. Según alertó el legislador, los empleados afectados podrían quedar frente a una decisión drástica: perder su fuente laboral o trasladarse fuera de Río Negro para mantener sus puestos, con el consecuente impacto sobre sus familias.

El conflicto abre, además, un interrogante para el Gobierno rionegrino. Con el cierre previsto para octubre, la oposición ya comenzó a exigir que la Provincia tome protagonismo y consiga una salida antes de que las sucursales bajen definitivamente sus persianas.

Villa Regina y Choele Choel perderían dependencias bancarias que durante años formaron parte de su movimiento económico, mientras que Las Grutas enfrenta un escenario todavía más complejo al quedarse sin una alternativa bancaria presencial permanente.

La discusión dejó así de ser exclusivamente bancaria para convertirse en un problema político provincial. Con proyectos ya ingresados en la Legislatura y dirigentes de diferentes espacios reclamando respuestas, la presión comienza a trasladarse hacia el Ejecutivo rionegrino.

Río Negro tiene ahora menos de dos meses para intentar evitar los cierres. Si no aparece una alternativa antes de octubre, tres localidades perderán las sucursales y el costo no quedará limitado a una persiana baja: habrá trabajadores afectados, servicios que desaparecerán y comunidades que tendrán que adaptarse a una decisión que ya encendió todas las alarmas en la provincia.