La Agencia de Recaudación Tributaria incorporó a Juliana Bambaci mediante un contrato de locación de servicios. La designación se suma a los negocios y acuerdos públicos que rodean al intendente de Viedma.

El entramado familiar que rodea al intendente de Viedma, Marcos Castro, sumó un nuevo capítulo. Documentación oficial confirma que su pareja, Juliana Bambaci, fue contratada en agosto de 2025 por la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro para realizar tareas administrativas y de asesoramiento.

La incorporación fue instrumentada mediante la Resolución 619/2025, fechada el 25 de agosto de ese año. El documento contiene un contrato de locación de servicios suscripto entre Bambaci y el organismo provincial, representado por su director ejecutivo, Alejandro Palmieri.

No se trata de una dependencia menor. La Agencia administra la recaudación de los principales impuestos provinciales, concentra información sensible sobre los contribuyentes y ocupa un lugar estratégico dentro de la estructura financiera del Gobierno de Río Negro.

Palmieri fue vicegobernador durante la gestión de Arabela Carreras y pertenece a Juntos Somos Río Negro, el mismo partido que gobierna la provincia desde 2011 y del cual Castro es vicepresidente. La contratación expone así los vasos comunicantes entre el municipio, la Provincia, el oficialismo y el entorno familiar del jefe comunal.

Como antecedente, Bambaci se había inscripto en 2022 en un concurso externo para ingresar como personal administrativo del Poder Judicial en Viedma. En esa instancia obtuvo 87,625 puntos y quedó habilitada para continuar dentro del proceso de selección. Tres años después, fue contratada por otro organismo del Estado provincial.

El dato adquiere mayor dimensión cuando se observa el resto del mapa familiar. Juliana Bambaci es hermana de Nicolás Bambaci, empresario vinculado con Módulos Patagónicos S.A.S., la firma que recibió una adjudicación municipal superior a los 45 millones de pesos para construir los cuestionados baños modulares de la Feria Municipal.

La operación fue denunciada ante el Tribunal de Cuentas por el concejal Julián Algañarás, quien reclamó investigar el procedimiento, la posible existencia de un conflicto de intereses y la relación entre la empresa adjudicataria y el intendente. A las sospechas por el parentesco se sumó la coincidencia entre el domicilio fiscal de la firma y una dirección asociada al propio Castro.

La red volvió a extenderse cuando el municipio contrató a Lucía Grandoso, esposa de Nicolás Bambaci. El Decreto 409/2026, publicado en el Boletín Oficial Municipal 2054, aprobó su incorporación a la Secretaría de Economía, dentro de un área vinculada con la administración presupuestaria.

La pareja del intendente contratada por la Provincia, el cuñado relacionado con una empresa proveedora del municipio y la esposa de ese empresario incorporada a la administración comunal conforman un esquema que resulta cada vez más difícil de presentar como una sucesión de casualidades.

Cuando el Estado se convierte en refugio del entorno del poder, la confianza pública comienza a romperse. La discusión ya no pasa únicamente por un apellido o una contratación aislada, sino por un sistema en el que municipio, Provincia, partido gobernante, familiares y proveedores parecen orbitar alrededor de una misma estructura política.

Río Negro sostiene una de las estructuras estatales más densas del país, pero convive con bajos salarios privados, escasa productividad y una economía fuertemente dependiente de las decisiones gubernamentales. Mientras miles de trabajadores compiten por empleos cada vez más precarios, los nombres cercanos al oficialismo encuentran espacio dentro de organismos, contratos y expedientes públicos.

Durante 15 años, JSRN consolidó su poder mediante el control de ministerios, organismos descentralizados, municipios y empresas públicas. Esa estructura le permitió contener aliados, disciplinar internas y construir una extensa red territorial sostenida con los recursos aportados por todos los rionegrinos.

Castro, que busca proyectarse hacia la reelección en Viedma, no explicó públicamente las circunstancias de la contratación de su pareja ni informó si realizó gestiones ante Palmieri o ante otras autoridades provinciales. Tampoco detalló qué funciones concretas cumple Bambaci dentro de la Agencia.

La legalidad formal de un contrato no cierra la discusión. Quienes administran recursos públicos tienen la obligación de explicar los mecanismos de selección, las tareas asignadas, los honorarios acordados y los antecedentes considerados cuando una persona vinculada directamente con un dirigente del oficialismo ingresa al Estado.

Mientras el intendente intenta recuperar iniciativa con cambios en su gabinete, los cuestionamientos siguen acumulándose. Los negocios de su cuñado, las contrataciones de su entorno y el silencio oficial dejaron de ser episodios aislados para transformarse en una marca de gestión. En Viedma, el Estado parece tener siempre una puerta disponible para la familia del intendente.