
Política | 26/05
Otro revés judicial al DNU del Gobierno
La Justicia frena el tarifazo de Milei: declaran inconstitucional la desregulación de las prepagas
La Cámara Federal de Mar del Plata declaró inconstitucionales artículos del DNU 70/2023 y ordenó retrotraer los aumentos, cuestionando la falta de debate legislativo en la reforma.

El plan de desregulación impulsado por el “prescindente” Javier Milei sufrió un nuevo revés. La Cámara Federal de Mar del Plata declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que permitían a las empresas de medicina prepaga aumentar sus cuotas sin control estatal.
Me encantaría que ya que a @fedesturze, Milei, y secuaces les encanta hablar de burocracia, empiecen a ajustar tornillos en las obras sociales y prepagas. Inviable un sistema de salud privado con tantos papeles y tan poca plata. Ese día van a tener mi voto.
— se busca clasico para Mastantuono (@mdemile_) May 23, 2025
Este fallo, que responde a una acción de amparo presentada por una afiliada de la empresa OMINT, ordena retrotraer los aumentos aplicados desde enero de 2024 y establece que cualquier incremento futuro deberá ser autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud, conforme a la Ley 26.682.
La decisión judicial cuestiona la falta de necesidad y urgencia para implementar la desregulación mediante un DNU, señalando que no se justificó adecuadamente la intervención del Poder Ejecutivo sin el debido debate legislativo.
Este fallo se suma a otros pronunciamientos judiciales que declararon inconstitucionales distintas partes del DNU 70/2023, evidenciando las dificultades del gobierno para avanzar con su agenda de reformas sin el respaldo del Congreso.
Mientras tanto, miles de afiliados a las prepagas continúan enfrentando aumentos en sus cuotas, en un contexto de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo. La falta de regulación efectiva y la incertidumbre sobre la legalidad de los incrementos generan preocupación y malestar en la población.
Este nuevo revés judicial pone en jaque la estrategia del gobierno de avanzar con reformas estructurales mediante decretos, sin el debido proceso legislativo, y plantea interrogantes sobre la viabilidad de su plan de gobierno en el marco del Estado de Derecho.
