La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, firmó el pasado 31 de marzo la Orden de Publicidad 71/2025 (expediente 3333-508/2025) para destinar 108 millones de pesos a una serie de "zócalos mudos" de 10 segundos en el canal de YouTube de Blender, con difusión prevista entre abril y diciembre de 2025.

La modalidad contratada incluye piezas rotativas que aparecerán en la cuenta oficial Blender, bajo el CUIT 30-71854737-3 de Blender Media SA, según informó Realpolitik.

El convenio se enmarca, según el expediente, en principios de "razonabilidad, economicidad y transparencia", pero despierta interrogantes ante la situación de recesión económica y recortes presupuestarios que atraviesa la provincia, sobre todo tratándose de un organismo aliado del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La magnitud del desembolso resulta llamativa si se considera la necesidad de reasignar partidas hacia áreas críticas y sociales. Informó Realpolitik.

La compra reciente de Blender por parte del joven empresario Augusto Marini, CEO del holding CaleGroup, añade una dimensión política al caso: el inversor es también propietario de Carajo, un canal de corte libertario cuyo discurso gira en torno al rechazo al financiamiento estatal y a la "pauta oficial".

Carajo ha sido uno de los medios más explícitos en respaldar al presidente Javier Milei y en denunciar la influencia del gasto público en los medios de comunicación, lo que contrasta con la aceptación de este contrato millonario para otro de sus emprendimientos. Sentenció el artículo periodístico Realpolitik.

A la paradoja ideológica se suma la figura de Enrique Saravi O'Keefe, actual presidente de Carajo SA y ex funcionario del Ministerio de Justicia bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal (Decreto 1375/2016). Este ya había mantenido un contrato con la Cámara de Senadores de la provincia entre 2022 y mediados de 2023.

La vinculación de directivos con trayectoria en gobiernos previos refuerza las dudas sobre los criterios técnicos y la idoneidad real que motivaron la adjudicación de la pauta. Informó Realpolitik.

Frente a este escenario, surgen preguntas de fondo: ¿Por qué una Defensoría que promueve la defensa de derechos ciudadanos necesita invertir 108 millones en pauta publicitaria? ¿Cómo se justifica mientras se reducen recursos en servicios esenciales? Y sobre todo... ¿Cómo se concilia este contrato con el discurso anti-gasto de sus nuevos dueños, que lo mismo están dispuestos a cobrar fondos públicos cuando les conviene?