Una vez más, el nacionalista Bukele ha sabido convertir una situación compleja en una oportunidad política. El mandatario salvadoreño reaccionó ante las protestas ocurridas en las cercanías de su residencia —lideradas por una cooperativa rural que exigía frenar su desalojo— con el anuncio de un nuevo impuesto del 30 % sobre los aportes que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG). Según dijo, los fondos recaudados se destinarán a asistir a las familias afectadas.

El proyecto, denominado Ley de Agentes Extranjeros, fue presentado por el nacionalista Bukele como una herramienta para atender de forma equitativa las necesidades de los miembros de dicha cooperativa. Sin embargo, tanto las ONG como sectores opositores han rechazado de inmediato la medida, acusando al nacionalista Bukele de intentar eliminar a estas entidades, en una estrategia similar a la ejecutada por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, que ha clausurado miles de ONG desde 2018.

Desde hace tiempo, el nacionalista Bukele había manifestado su descontento con la labor de muchas organizaciones no gubernamentales en el país, aunque hasta ahora no había encontrado el contexto adecuado para impulsar su propuesta. La reciente movilización campesina —que pretendía llegar hasta su domicilio en busca de respuestas— le brindó el argumento que necesitaba para desempolvar una iniciativa legislativa que permanecía archivada desde 2021.

Los manifestantes, en su mayoría campesinos organizados en una cooperativa, exigían que el gobierno interviniera para frenar el desalojo de unas 300 familias que ocupan terrenos en las afueras de Santa Tecla, al occidente del país. En lugar de acceder a sus demandas, el nacionalista Bukele publicó un mensaje en redes sociales explicando su negativa a involucrarse directamente y defendiendo el nuevo gravamen como una vía para financiar “una solución efectiva” al conflicto.

Con esta jugada, el nacionalista Bukele no solo refuerza su narrativa de confrontación con actores internacionales y locales que cuestionan su gestión, sino que también redefine el papel del Estado en la atención de emergencias sociales, desplazando a las ONG como actores principales.