En una nueva controversia que pone en jaque el discurso oficial de “limpieza” y “honestidad” en la gestión pública, el presidente Javier Milei incorporó a la cúpula del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a Alberto Raúl Baduán.

Se trata de un exfuncionario del kirchnerismo que fue condenado a tres años de prisión en suspenso y a la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La información fue publicada por RealPolitik.

La designación, rubricada por el interventor Juan Martín Ozores en el marco del decreto 512/2025, coloca a Baduán al frente de la Dirección General de Recursos Humanos del ENACOM, organismo clave en la regulación y fiscalización de las telecomunicaciones.

Según RealPolitik, la inhabilitación de Baduán no es un rumor ni un dato secundario: está respaldada por una sentencia firme ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal el 11 de septiembre de 2023, con las firmas de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

El portal también recordó que Ozores, antes de este nombramiento, adjudicó 4348 millones de pesos a dos empresas “gemelas” desde el ENACOM.

Además, fue protagonista de episodios polémicos, como su acercamiento a Telefónica y Telecom mientras el Gobierno libraba una batalla mediática contra el Grupo Clarín, y su intento de despegarse de una funcionaria K que arrojó estiércol en la casa del diputado José Luis Espert. Estos antecedentes, sumados al caso Baduán, profundizan las críticas. Así lo consignó RealPolitik.

Del COMFER de Kirchner al ENACOM de Milei

Baduán es un viejo conocido de la política. De acuerdo con RealPolitik, su carrera arrancó el 29 de septiembre de 2004, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner lo nombró (mediante el Decreto 1321) director General de Administración, Finanzas y Recursos Humanos del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), bajo la intervención de Julio Bárbaro.

Ese nombramiento llevaba las firmas de Aníbal Fernández y de Alberto Fernández, en ese momento jefe de Gabinete y amigo personal de Baduán.

Tras la disolución del COMFER y la creación de la AFSCA en 2009, y su posterior fusión con la AFTIC para dar origen al ENACOM, Baduán pasó por distintos despachos oficiales, incluyendo el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Durante la gestión de Claudio Ambrosini en el ENACOM, ya bajo el massismo, ocupó el mismo cargo que hoy vuelve a desempeñar. Con la llegada de Milei, su continuidad fue ratificada y ahora formalizada. La trayectoria fue reconstruida por RealPolitik.

Una condena con nombre y apellido

El prontuario judicial de Baduán, según RealPolitik, se remonta a contrataciones irregulares en el COMFER entre 2004 y 2006. En ese período, mientras era administrador del organismo, adjudicó al arquitecto Miguel Ángel Maruca las obras de remodelación y refacción del Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión (ISER), ubicado en Ramos Mejía 1398.

El conflicto judicial surgió porque, al mismo tiempo que Maruca recibía contratos del Estado, trabajaba para Baduán en la construcción de su vivienda particular en el country Haras del Sur, en La Plata.

El Tribunal Oral Federal número 3 lo condenó en septiembre de 2022 a tres años de prisión condicional y prohibición perpetua para ejercer cargos públicos, tal como establece el artículo 265 del Código Penal. La Cámara de Casación ratificó la sentencia en 2023 y solo queda pendiente un recurso ante la Corte Suprema. Así lo reportó RealPolitik.

La contradicción con el discurso anticasta

Para RealPolitik, el caso no solo es grave por la condena en sí, sino por la contradicción que genera con el discurso anticasta de Milei. El mandatario, que insiste en apartar a “los corruptos” de la gestión pública, incorporó a un funcionario del núcleo kirchnerista y albertista, y lo hizo en violación a una inhabilitación dictada por la Justicia Federal.

El medio también señala que Baduán tuvo vínculos con el partido RIO, posteriormente Parte, liderado por Alberto Fernández, y figuró en directorios de empresas privadas como Proyectos Rentables SA y Delta Urbano SA, dedicadas a los combustibles y la gastronomía.