El proyecto del gobernador Alberto Weretilneck para permitir que trabajadores y jubilados deriven sus aportes a otra cobertura abrió una fuerte polémica en Río Negro. Sin embargo, cuando todavía se desconocen aspectos centrales de la iniciativa, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, decidió alinearse con el Ejecutivo y respaldar el corazón de la reforma.

“La solidaridad no está en riesgo”, sentenció el dirigente sindical, quien además pidió evitar las “consignas facilistas” contra la propuesta. La declaración cayó como música para los oídos del Gobierno provincial, que encontró en uno de los principales referentes gremiales del país un aliado inesperado para avanzar sobre una modificación sensible del sistema de salud pública.

El posicionamiento tampoco aparece aislado. Días atrás, Aguiar y Weretilneck mantuvieron una reunión en Buenos Aires, donde acordaron retomar las negociaciones paritarias en Río Negro. Ahora, el jefe de ATE salió a defender una iniciativa oficial que genera incertidumbre entre miles de afiliados y fortalece una relación política cada vez menos disimulada.

Aguiar sostuvo que la libre elección puede tener “cierta razonabilidad” para quienes históricamente cuestionaron el carácter cautivo de los afiliados al IPROSS. No obstante, reconoció que actualmente resulta prácticamente imposible encontrar una cobertura con mejores prestaciones utilizando los mismos aportes, incluso si el trabajador acepta pagar una diferencia.

Según su pronóstico, será “ínfima” la cantidad de empleados estatales y jubilados que opten por abandonar la obra social provincial. El argumento busca quitarle dramatismo a la reforma, pero también deja una pregunta incómoda: si casi nadie podría acceder a una alternativa real, ¿qué problema pretende resolver la supuesta libertad de elección?

El dirigente fue todavía más lejos y aseguró que el sistema solidario de salud del IPROSS no corre peligro, pese a admitir que aún resta conocer en detalle el proyecto del Poder Ejecutivo. Es decir, Aguiar respaldó la iniciativa antes de que se conozcan completamente su alcance, su mecanismo de aplicación y su posible impacto financiero sobre la obra social.

En medio de las críticas, el sindicalista intentó llevar la discusión hacia uno de los reclamos históricos de los gremios: la democratización del IPROSS. Planteó que la conducción debería quedar en manos de un directorio integrado mayoritariamente por representantes de trabajadores activos y jubilados, con una participación minoritaria del Estado limitada al control.

Curiosamente, esa postura coincide con un reclamo expresado por UPCN, un gremio con el que ATE mantiene fuertes diferencias. Pero aún no está claro si el proyecto de Weretilneck contempla realmente entregar el manejo de la obra social a sus afiliados o si la apelación a la libertad de elección terminará funcionando como pantalla para una reforma diseñada desde el Gobierno.

Mientras los detalles permanecen bajo llave, el respaldo de Aguiar le permite al oficialismo dividir el frente sindical y presentar la discusión como una oportunidad de modernización. Del otro lado quedan los afiliados, que continúan padeciendo demoras, dificultades para conseguir turnos, cortes de prestaciones y coseguros cada vez más difíciles de afrontar.

La polémica recién comienza. Por ahora, la única certeza es que Weretilneck encontró en Aguiar un defensor de lujo para una reforma todavía desconocida, mientras trabajadores y jubilados esperan saber si el proyecto solucionará la crisis del IPROSS o terminará debilitando aún más una obra social que debería pertenecerles.