Ignacio Zavaleta lanzó una fuerte advertencia sobre la supuesta incorporación de herramientas desarrolladas por la empresa Palantir y cuestionó la creación de un sistema denominado "Gemelo Digital Social", al que definió como una amenaza para la privacidad de los ciudadanos y las garantías democráticas.

Según sostuvo, este mecanismo permitiría construir una representación virtual de la población a partir del cruce de información económica, social y biográfica. En ese marco, expresó su rechazo a cualquier iniciativa que implique la transferencia o utilización de datos personales por parte de compañías extranjeras vinculadas al análisis masivo de información.

Zavaleta afirmó que la eventual implementación de este tipo de plataformas podría abrir la puerta a esquemas de monitoreo social de gran escala. En su declaración, aseguró que los datos de los ciudadanos no deben ser utilizados para experimentos de manipulación ni para mecanismos de control político o social.

El dirigente también vinculó el avance de estas tecnologías con modelos de vigilancia que, según su visión, podrían afectar libertades individuales. En ese sentido, cuestionó la posibilidad de que sistemas de inteligencia artificial intervengan en procesos administrativos sensibles o sean utilizados para elaborar perfiles de comportamiento de los ciudadanos.

Dentro de sus planteos, reclamó que el Congreso y las legislaturas provinciales impulsen normas que impidan la transferencia de bases de datos públicas a corporaciones extranjeras. Además, pidió que cualquier herramienta tecnológica utilizada por el Estado pueda ser auditada y funcione bajo criterios de transparencia y soberanía tecnológica.

Otro de los puntos destacados de su pronunciamiento estuvo relacionado con la posibilidad de que distintas bases de información sean integradas en una misma plataforma. Zavaleta sostuvo que la combinación de datos previsionales, registros biométricos y actividad digital podría derivar en mecanismos de vigilancia incompatibles con los principios democráticos.

A través de este documento, el dirigente buscó instalar el debate sobre los límites del uso de inteligencia artificial en la gestión pública y sobre la protección de la información personal de los ciudadanos frente al avance de nuevas tecnologías.