Una grabación a la que accedió este medio abre interrogantes sobre los antecedentes del programa provincial Entramados, su posible relación con una iniciativa creada por la jueza Marta Pascual, los recursos involucrados y una metodología de intervención sobre jóvenes considerados potencialmente vinculados con el delito. Andrés Larroque y Andrea Cáceres aparecen en el centro de los cuestionamientos institucionales.

La redacción de este medio tuvo acceso al audio de una persona con amplia trayectoria en el área, cuya experiencia motivó, a lo largo de los años, consultas de distintas administraciones. Para preservar su identidad, la voz fue alterada artificialmente antes de su difusión.

El testimonio aporta información sobre los programas Involucrados y Entramados, y plantea cuestiones que requieren respuestas documentadas.

De Involucrados a Entramados: el origen de los fondos

Según el audio, Entramados tendría como antecedente una iniciativa denominada Involucrados, creada por la jueza Marta Pascual.

Sobre este último programa, la grabación menciona subsidios procedentes del Viejo Continente, expresados en euros, además de una estructura de financiamiento y recursos que merecería ser examinada.

El testimonio alude también a sumas millonarias, nuevos cargos ejecutivos y una estructura que, con ironía, compara con "una sucursal de la NASA". Entre los montos referidos figura el de 10 millones de dólares, cuya procedencia y vinculación específica con cada iniciativa deben aclararse.

La distinción es fundamental: los subsidios europeos mencionados corresponden a Involucrados y no pueden atribuirse automáticamente a Entramados. Resta esclarecer qué continuidad institucional, administrativa y metodológica existió entre ambos programas.

En ese contexto, Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, y Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), son referencias institucionales centrales para conocer cómo se diseñó, implementó y supervisó el programa provincial. Se los menciona en función de los cargos que ocupan, lo cual, por sí mismo, no implica atribuirles irregularidades.

¿Prevenir el delito o señalar futuros delincuentes?

Uno de los pasajes más delicados del audio describe una metodología territorial en la que operadores ad honorem, presuntamente sin capacitación específica previa, identificarían a jóvenes considerados potencialmente vinculados con futuras conductas delictivas, para invitarlos a participar del programa.