La letrada también denunció demoras superiores al plazo legal de 20 días hábiles para resolver descargos y retrasos en la elevación de recursos judiciales. Afirmó que estas situaciones la obligaron a promover reclamos por mora y acciones de amparo para conseguir respuestas.

Otro de los señalamientos apunta a la carga de infracciones en el sistema provincial como si existieran sentencias firmes, pese a que, según Acuña, todavía permanecen pendientes de apelación. La abogada advirtió que esta práctica puede complicar la renovación de licencias de conducir y la venta de vehículos.

La denunciante aseguró que el magistrado había aceptado retomar las notificaciones electrónicas durante una audiencia judicial del 28 de mayo, pero posteriormente volvió a modificar el procedimiento. También señaló que una intimación enviada el 21 de septiembre no recibió respuesta.

Finalmente, Acuña solicitó la intervención del Colegio para proteger su ejercicio profesional y garantizar el acceso a la Justicia de sus representados. Además, cuestionó la actuación previa de la entidad y planteó una presunta incompatibilidad de Gabas por desempeñarse simultáneamente como presidente del Colegio y titular del Juzgado de Faltas número 5.