El enfrentamiento político entre el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, y el concejal de La Libertad Avanza Juan Ignacio Felice escaló una vez más y alcanzó esta semana su capítulo más duro: el edil libertario acusó al jefe comunal de haberle “perdonado” a la empresa Bicontinentar, vinculada a Perchet y Paquetá, una deuda de 254 millones de pesos. El Municipio rechazó rotundamente la acusación, que derivó en una intimación judicial contra Felice.

Según los cálculos que Felice difundió en sus redes sociales, la empresa le debía a la comuna unos 182 millones de pesos actualizados por el uso del inmueble, una nave ubicada en el Parque Industrial, sobre la Ruta 5. A ese monto se sumaron 72 millones de pesos en penalidades por 168 días de demora, estimadas sobre la base de una multa diaria de 430.183 pesos, equivalente al salario de un empleado municipal temporario de categoría 6.

El punto de partida del conflicto es el convenio de desocupación firmado el 14 de noviembre de 2025 entre el Municipio y la empresa, que fijaba el 30 de abril de 2026 como fecha límite para restituir el inmueble. El acuerdo, que contemplaba una cláusula penal por cada día de atraso, fue aprobado por el Concejo Deliberante el 29 de diciembre de 2025 con 14 votos afirmativos, dos negativos (los de Juan Ignacio Felice y Noelia Ramos Nicieza) y una abstención. La firma no cumplió el plazo y, a mediados de octubre de 2026, la Justicia ordenó la restitución del predio mediante una medida cautelar. El director de Gobierno, Hugo Kübler, fue designado depositario judicial.

Felice también cuestionó por qué el Ejecutivo no había resuelto antes el préstamo, ya que el contrato original preveía esa posibilidad ante un incumplimiento grave por falta de pago. “El intendente Britos, el que dice defender el patrimonio de los vecinos, se olvidó de decir en la conferencia de prensa que ya lleva perdonada una deuda de $254 millones que corresponde a todos los ciudadanos”, señaló.

La Municipalidad contestó con una carta documento firmada por la abogada apoderada Carmen La Ruina, en la que intimó a Felice a retractarse públicamente. El escrito calificó de falsas las afirmaciones del concejal y sostuvo que el Ejecutivo no perdonó ninguna obligación porque “no posee esa facultad”. Además, aclaró que cualquier beneficio o condonación de deuda “ha emanado del Departamento Deliberativo, por ser competencia de ese órgano”. La comuna aseguró, asimismo, que sí reclamó las multas mediante la demanda de desalojo y cobro de sanciones que se tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Mercedes, y cerró la pieza con el apercibimiento de iniciar acciones civiles y penales.

Britos fue incluso más duro en declaraciones públicas, en las que calificó las acusaciones de “falsas, injuriosas y malintencionadas”, llegó a hablar de una “canallada” y de un “disparate”, y advirtió: “A mí de falta de transparencia no me acusa ningún cachivache de estos”.

El concejal le respondió por Instagram con un mensaje contundente: “Dios te dio el privilegio de que hasta hoy nadie contó los curros que tenés” y “Gobernar hasta el último día es tu sueño, está claro”. Además, cuestionó la pauta oficial: afirmó que el Municipio pagó 660 mil pesos en publicidades durante 2025 y preguntó cuánto estará invirtiendo en 2026.

El cruce actual forma parte de un enfrentamiento de larga data que se fue intensificando en los últimos meses. Ahora, con la carta documento sobre la mesa, el conflicto llegó a un punto de no retorno: todo dependerá de si Felice se retracta o si la disputa judicial entre ambos abre un nuevo capítulo.