Trabajadores y personas vinculadas al funcionamiento de un instituto cerrado de menores en La Plata solicitaron la intervención urgente de las autoridades provinciales para que se investiguen una serie de presuntas irregularidades que, según denuncian, se estarían produciendo dentro del establecimiento.

Los denunciantes señalan que las presentaciones involucran a la directora regional, Marcela Vallina, y al director Juan Antonio Capel, entre otros funcionarios. Según sostienen, Vallina forma parte de la actual gestión provincial y su designación estaría vinculada políticamente al espacio encabezado por Gustavo Pulti y al Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estas afirmaciones forman parte de las denuncias y deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

Entre los hechos cuya investigación solicitan se encuentran presuntas irregularidades en la asignación de horas extras, posibles designaciones cuestionadas y el manejo administrativo del establecimiento.

Asimismo, los denunciantes afirman contar con videos que, según su versión, registrarían episodios de violencia y peleas entre jóvenes alojados en la institución. También sostienen que existen audios atribuidos a un integrante de la conducción del establecimiento que, según denuncian, contendrían indicaciones al personal sobre cómo actuar ante una eventual intervención de organismos de derechos humanos. Los denunciantes solicitan que ese material sea incorporado a la investigación para determinar su autenticidad, contexto y alcance.

En las presentaciones también se menciona a Takaes, respecto de quien los denunciantes piden que se investigue su actuación en relación con la asignación de horas extras y otros aspectos administrativos. Además, solicitan que se analicen denuncias previas relacionadas con el funcionamiento del servicio de enfermería y otras actuaciones dentro del instituto.

Los trabajadores reclaman la intervención del Ministerio competente, de los organismos de control y, de corresponder, de la Justicia, para preservar las pruebas, proteger a quienes aporten información y garantizar la seguridad de los jóvenes alojados en la institución.

Hasta el momento, las acusaciones mencionadas no han sido acreditadas por una resolución oficial. Corresponderá a las autoridades competentes determinar la veracidad de los hechos denunciados y las responsabilidades que eventualmente pudieran surgir de la investigación.