Pero cuidado, no se confunda la velocidad con la justicia. Acá, el apuro es el disfraz perfecto para el ajuste de cuentas, porque el expediente contra Voytenco por lavado de dinero, ese que acumula polvo en el estante, sigue más quieto que un peón en el Día del Trabajador Rural sin aguinaldo.

Miremos el dibujo completo. La empresa HTECH Innovation, que facturó 266 millones de pesos con sus primeros comprobantes, tiene el olor a pacto podrido que impregna las oficinas de la calle Azopardo.

Cuando Voytenco y el sector de Lule Menem compartían el asado y se repartían las porciones de la torta de la obra social, la causa dormía la siesta. Pero apenas el líder de la UATRE rompió el plato, el magistrado desempolvó el legajo y se puso a indagar a los que ya no están en el juego.

Esto no es un acto de transparencia, es un mensaje cifrado, un mecanismo de extorsión con sello judicial para que el sindicalista sepa que el que maneja el cronómetro del dolor ajeno es el Estado.

Sin embargo, el verdadero disparate judicial se destapa al abrir el sobre del Expediente FLP 23559/2024. El querellante Marcelo Andrada, con la paciencia de quien mira un partido de reserva, presentó en noviembre las pruebas de un acuerdo espurio entre Voytenco y la interventora Montero. La connivencia estaba tan bien aceitada que hasta la secretaria privada del sindicalista, Analía Haj Yahia, resultó ser familiar directa de Lule Menem.

Las facturas de HTECH no cayeron del cielo como un regalo de los Reyes Magos, fueron ingresadas por los gerentes de confianza de Voytenco en plena "intervención controlada". La obra social era una finca donde el dueño de la estancia seguía mandando mientras el interventor firmaba los cheques con la mano derecha y se rascaba la cabeza con la izquierda.

La farsa tuvo un capítulo brevísimo de gloria para Voytenco cuando Casanello, en un arrebato de generosidad preventiva, le devolvió el control de OSPRERA por 36 días.

El líder rural no dudó ni un segundo, desató una purga de 100 empleados como quien limpia el gallinero de bichos sospechosos. Pero la fiesta duró poco porque la Cámara Federal, con el olfato de quien huele el pescado en la heladera, le clavó el freno de mano y ordenó investigar el patrimonio del caudillo.

Eso sí, esa investigación sobre los relojes de alta gama y la mansión de un millón de dólares sigue en la misma gaveta que el secreto de sumario, es decir, en el limbo de las promesas judiciales que nunca se cumplen.

El remate de este circo de tres pistas es la nueva intervención de César Lococo. Uno pensaría que después de dos intervenciones fallidas y una Cámara que exige transparencia, el nuevo comisario llegaría con una manguera y detergente para limpiar el establo.

Error de novato. Lococo no solo mantuvo a los recaudadores de Voytenco, sino que ascendió a María Laura Tochi, la gerenta jurídica de la banda, al codiciado puesto de Gerente General. La señora Tochi comparte ahora el escritorio con el doctor Peinsajovich, defensor penal del sindicalista y hombre de confianza de la causa.

Es decir, el interventor del Estado premia a la estructura de la persona a quien se supone debe investigar. Si esto fuera una novela de Darín, lo llamarían "El secreto de sus ojos", pero acá es la realidad del sistema de salud de los peones rurales, esos que no ven un médico decente pero financian los relojes de su líder con el sudor de sus frentes.

Mientras tanto, las pruebas de Telenueve Investiga, que mostraron los desvíos de fondos hacia la firma El Surco de Jorge Giani y los retornos de Reservin Patagonia, duermen el sueño de los justos en el juzgado de Retiro. Casanello no las ve, no las oye y no las investiga. La justicia federal tiene dos velocidades, la de los enemigos del pacto libertario, que corren a 200 por hora, y la de los amigos del poder, que van a paso de hombre con carretilla.

OSPRERA es el botín de guerra, la caja chica del sindicalismo rural, y el Poder Judicial actúa como el portero del estadio que cobra entrada a unos y le regala el pase a otros. Al final, el único que pierde es el peón, que sigue pagando la obra social mientras sus dirigentes se reparten el dinero en una mesa con mantel y vino tinto.