La historia se remonta a la denominada causa Arbos, un expediente que investigó el destino de fondos nacionales enviados al ex Policlínico Arbos a fines de la década del noventa.

La Justicia determinó que parte de esos recursos públicos fueron desviados mediante maniobras irregulares y, tras un extenso proceso judicial, el Tribunal Oral Federal de General Roca condenó en abril de 2014 a Walter Cortés, junto al exdirigente mercantil Ovidio Zúñiga, el exintendente Omar Goye y el contador Víctor Cárcar, a cuatro años de prisión por fraude contra la administración pública.

Aunque la sentencia no implicó una detención inmediata, la situación cambió en junio de 2016. El 16 de ese mes, Cortés fue detenido por orden de la Justicia Federal y trasladado al sistema penitenciario para comenzar a cumplir la condena. Permaneció privado de su libertad durante aproximadamente un año y medio en una unidad penitenciaria federal hasta fines de 2017.

Su salida de prisión no respondió a una absolución ni a la revisión del contenido de la condena. La Corte Suprema de Justicia entendió que el expediente había demorado cerca de diecisiete años en resolverse y consideró vulnerado el principio del "plazo razonable".

Por ese motivo declaró extinguida la acción penal, decisión que dejó sin efecto el cumplimiento de la pena y permitió la liberación de los condenados. En otras palabras, el máximo tribunal no sostuvo que los hechos investigados no hubieran existido, sino que entendió que el tiempo transcurrido impedía continuar con la ejecución de la condena.

A casi una década de haber recuperado la libertad, Cortés gobierna la ciudad más importante de la Patagonia turística. Sin embargo, el debate sobre su pasado vuelve a tomar fuerza en medio del proceso para modificar la Carta Orgánica Municipal.

El intendente impulsa una profunda reforma institucional y tendrá un papel determinante en la discusión política que definirá el funcionamiento del municipio durante las próximas décadas.

Sus detractores sostienen que resulta, cuanto menos, contradictorio que quien fue condenado por defraudar al Estado sea ahora uno de los principales impulsores de las nuevas reglas de funcionamiento institucional de Bariloche.

La discusión no pasa únicamente por la legalidad de su candidatura o de su gestión, sino por el mensaje político que transmite una ciudad que normaliza que un exconvicto por corrupción lidere el rediseño de sus instituciones.

El escenario adquiere todavía mayor relevancia porque el oficialismo municipal aspira a consolidarse políticamente de cara a las próximas elecciones y no descarta avanzar hacia un nuevo mandato de Cortés.

Mientras el intendente busca fortalecer su liderazgo y consolidar una mayoría política, la oposición insiste en recordar que el jefe comunal llegó a ocupar una celda federal antes que el despacho principal del Centro Cívico.

La discusión, entonces, trasciende la figura del propio Cortés y se traslada a los vecinos de Bariloche. ¿Hasta qué punto pesa el pasado judicial de un dirigente cuando la sociedad vuelve a elegir a sus representantes? ¿Puede una condena por corrupción quedar definitivamente sepultada por el paso del tiempo o constituye un antecedente político que debe permanecer vigente al momento de evaluar a quienes administran recursos públicos?

En una ciudad atravesada por problemas estructurales de infraestructura, seguridad, servicios y planificación urbana, la reforma de la Carta Orgánica aparece como uno de los debates institucionales más importantes de los últimos años.

Y en el centro de esa discusión se encuentra un intendente que, antes de llegar al poder, conoció el otro lado de la política: el de una condena penal, una detención efectiva y una causa judicial que todavía hoy sigue siendo uno de los capítulos más controvertidos de la historia política de Bariloche.