El activista ambiental Ignacio Zavaleta presentó un documento ante la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para manifestar su rechazo al proyecto que propone modificar la Ley 10.342 y habilitar a los municipios a arrendar las banquinas de las rutas con fines de explotación agrícola. En la misma presentación, además, solicitó la derogación de la normativa vigente al considerar que resulta "lesiva, ineficaz y anacrónica".

El escrito, dirigido al presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, sostiene que las banquinas cumplen una función esencial dentro de la infraestructura vial y que su utilización para actividades productivas reduciría los márgenes de seguridad para los conductores. Según el planteo, estos espacios constituyen una vía de escape ante maniobras de emergencia y su ocupación con cultivos o maquinaria incrementaría el riesgo de siniestros.

Otro de los ejes centrales de la presentación está vinculado al impacto ambiental. Zavaleta sostiene que las banquinas representan corredores biológicos fundamentales dentro de la llanura pampeana y advierte que el avance del cultivo sobre esas superficies podría afectar la biodiversidad, interrumpir el flujo genético de especies nativas, alterar el drenaje natural del agua y favorecer procesos de erosión y anegamientos sobre las rutas.

El documento también cuestiona el argumento económico del proyecto. Allí se afirma que los ingresos que podrían obtener los municipios mediante el arrendamiento serían reducidos frente a los costos que implicaría afrontar eventuales demandas por accidentes viales y las obras necesarias para reparar daños ocasionados por modificaciones en los sistemas naturales de escurrimiento.

En su presentación, el vecino de Laguna Alsina, partido de Guaminí, también expresó que no alcanza con rechazar la modificación impulsada, sino que considera necesario avanzar con la derogación definitiva de la Ley 10.342 para evitar futuros intentos de utilización productiva de las banquinas.

Finalmente, Zavaleta solicitó a los legisladores provinciales que archiven el proyecto y prioricen, según expresó en el documento, "la defensa de la vida humana, la protección del ecosistema pampeano y la racionalidad económica" al momento de debatir la iniciativa.