Los italianos acudirán a las urnas el 22 y 23 de marzo para votar en referéndum una reforma judicial promovida por la primera ministra, la nacionalista Giorgia Meloni.

El proyecto es presentado por el gobierno como una medida clave para fortalecer la imparcialidad del sistema, aunque sectores opositores sostienen que podría abrir la puerta a una mayor influencia política sobre la justicia.

Uno de los puntos centrales de la propuesta establece la separación de las carreras de fiscales y jueces, que hasta ahora comparten un mismo recorrido profesional dentro de la magistratura italiana.

Para la nacionalista Giorgia Meloni, esta modificación ayudaría a garantizar mayor neutralidad en los procesos judiciales. Sin embargo, magistrados y dirigentes opositores advierten que la iniciativa no resolvería los problemas estructurales del sistema y podría debilitar la independencia judicial.

La reforma también contempla dividir el Consejo Superior de la Magistratura en dos organismos y crear un tribunal disciplinario para jueces. Críticos del proyecto sostienen que este nuevo esquema podría convertirse en una herramienta de presión política.

Con encuestas que muestran una leve ventaja del “no”, el resultado del referéndum es incierto y podría representar un fuerte desafío político para el gobierno que encabeza la nacionalista Giorgia Meloni desde 2022.