El libreto del Gobierno para la segunda ola desregulatoria ya está escrito, y promete ser tan quirúrgico como una topadora en una vidriera. Federico Sturzenegger, el ingeniero de la motosierra fina, tiene en su escritorio el plan para dinamitar el régimen de corretaje inmobiliario, soltar la venta de medicamentos en cualquier esquina y desregular hasta el gas que respiran los jubilados.

Todo muy lógico, muy austero, muy combatiente de la casta. Pero hay un pequeño detalle que parece haber quedado en el cajón de los “olvidos estratégicos”: el RENATRE, esa joya de la corrupción sindical-patronal que lleva dos décadas funcionando como una máquina de hacer millonarios a los mismos que el presidente Javier Milei dice odiar.

Porque mientras el ministro se ensaña con el librero de barrio o el farmacéutico de pueblo, el registro que regula a los trabajadores rurales, los más pobres, los más negreados, los que cosechan la soja que paga las cuentas, sigue siendo un aguantadero de privilegios.

Allí, la Mesa de Enlace y la UATRE se turnan la silla presidencial como quien rota un asado, pero el menú siempre es el mismo: contribuciones patronales por las nubes, salarios de los peones por el piso y directores que se embolsan más de 12 millones de pesos mensuales sin que nadie controle nada.

José Voytenco, el secretario general de los rurales, preside el organismo año por medio, y mientras tanto el 70 por ciento de los trabajadores del campo sigue en la informalidad, una estadística que el propio Voytenco admite sin ruborizarse, como quien anuncia el pronóstico del tiempo.

El dato no es menor: la contribución patronal que pagan los empleadores rurales es del 1,5 por ciento sobre cada salario, sin los descuentos del SUSS que otros sectores se toman para bajarla al 0,89 por ciento. Es decir, el campo paga más para tener a sus trabajadores con los sueldos más bajos del régimen formal argentino. Pero ese 1,5 por ciento no va a parar a los bolsillos de los cosecheros, sino a engrosar las cuentas de un organismo que, en 20 años de existencia, no logró ni siquiera mantener actualizado el padrón de trabajadores.

La libreta rural obligatoria murió, la reemplazó una app virtual que nadie controla, y el RENATRE ahora usa los datos de ARCA para simular que registra gente—todo esto mientras la ley dice otra cosa y nadie, absolutamente nadie, mueve un dedo para frenarlo.

Lo más grotesco es que el control estatal brilla por su ausencia. Ni SIGEN ni AGN se asoman a las arcas del RENATRE, porque la Sindicatura de Trabajo, ahora en manos del Ministerio de Capital Humano, se limita a firmar los balances como un escribano de segunda categoría.

Los fondos que deberían ir a la prestación por desempleo se desvían en un 90 por ciento a sueldos faraónicos, estructuras ociosas en el interior y programas de “trata de personas” o “educación rural” que nadie audita y menos evalúa.

Mientras tanto, los propios empleados del RENATRE viven en un limbo sindical: UTEDyC no puede afiliarlos porque el directorio se lo impide, y desde que Voytenco tomó las riendas, la purga de opositores provocó una catarata de juicios laborales que el organismo paga con más fondos de los trabajadores.

Pero el colmo de la hipocresía llega cuando uno mira la gira electoral que Voytenco está financiando por el interior del país con plata del RENATRE, todo bajo la mirada complaciente de la Sociedad Rural Argentina, que este año tiene la presidencia pero prefiere mirar para otro lado.

Porque en este negocio, patronales y sindicato son la misma cara de una misma moneda: los miembros del Secretariado de la UATRE no solo cobran del sindicato, sino también de la ART Mutual Rural, triplicando ingresos mientras los peones rurales apenas llegan a fin de mes con el salario más bajo de todo el sistema formal argentino. La casta no es el Estado, señor Milei; la casta es esta mesa de tres patas que se reparte la torta mientras usted desregula farmacias para distraer al personal.

Lo peor es que la solución está cantada y no requiere de un master en economía de Chicago. Basaría con derogar la ley 25.191 y poner a ANSES, ARCA y la Secretaría de Trabajo a hacer su trabajo: registrar, controlar y auditar como se hace en cualquier sector del país. Pero no, eso sería tocar el sagrado pacto de la Mesa de Enlace, el mismo que cada vez que el Gobierno les huele el bolsillo amenaza con parar el campo.

Y Milei, el mismo que se jacta de romper el Estado, prefiere hacer como que no ve, como que no sabe, como que el RENATRE no existe. O peor: lo deja ahí porque sabe que si desregula ese curro, los mismos ruralistas que le aplauden la motosierra le cortan la luz.