La discusión ambiental en el Partido de Mar Chiquita vuelve a poner sobre la mesa una de las principales contradicciones de la política local: dirigentes que levantan públicamente las banderas del ambientalismo y la transparencia, mientras guardan silencio frente a estructuras de poder con las que mantienen vínculos políticos y económicos históricos.

La concejal Gabriela Bértora, referente de Unidad y Acción Mar Chiquita (UAM), ha construido gran parte de su perfil político alrededor de denuncias ambientales, reclamos por el ordenamiento territorial y cuestionamientos al manejo de los recursos naturales del distrito. En reiteradas oportunidades exigió mayor participación ciudadana y el cumplimiento de las normativas ambientales provinciales y municipales.

La reciente asunción de Sebastián Colaizzo al Honorable Concejo Deliberante no solo marca el ingreso de un nuevo edil de Unidad y Acción por Mar Chiquita (UAM), sino que también reaviva un viejo debate en el distrito: hasta qué punto la oposición ejerce verdaderamente su rol de contralor o termina siendo parte de la gobernabilidad.

Con dos representantes en el Concejo, UAM consolida una presencia institucional que, para algunos sectores de la comunidad, ha estado acompañada por acuerdos políticos silenciosos con el poder de turno.

En ese contexto, resurgen cuestionamientos vinculados a la relación de Colaizzo con el oficialismo durante la gestión de Diego Ginestra al frente de Turismo, una etapa que, según voces críticas, estuvo atravesada por entendimientos informales y decisiones que despertaron sospechas, dejando abierta la discusión sobre los límites entre la oposición y la construcción de consensos políticos.

Sin embargo, vecinos y distintos sectores políticos comienzan a señalar una evidente contradicción entre ese discurso público y el silencio sostenido frente a situaciones que involucran a su propio espacio político, particularmente a su referente Pablo Méndez.

Las críticas no solamente apuntan a los históricos acuerdos políticos que Méndez habría mantenido durante años con el exintendente Jorge Paredi, sino también a los nuevos vínculos con la actual gestión del intendente Walter Wischnivetzky, donde la empresa vinculada a Méndez aparece como proveedora municipal en contrataciones de importantes montos económicos.

A esto se suma otro punto sensible: las habilitaciones que distintos vecinos consideran "dudosas" o concedidas bajo criterios de excepción para el funcionamiento de la fábrica de plásticos M&M, instalada en pleno centro urbano de Santa Clara del Mar.

La situación genera cuestionamientos debido a que la actividad industrial se desarrolla dentro de una zona residencial consolidada, cuando desde hace años distintos especialistas sostienen que este tipo de emprendimientos debería ser relocalizado en el Parque Industrial para minimizar el impacto ambiental, acústico y urbano sobre la comunidad.

Pero además surge otra pregunta aún más delicada: la planta industrial no tendría un Estudio de Impacto Ambiental conocido públicamente y, pese a ello, ningún organismo político o institucional parecería exigirlo de manera concreta.

La Provincia de Buenos Aires cuenta con herramientas normativas específicas, como la Ley Provincial 11.723 de Medio Ambiente, que establece la obligación de prevenir y controlar impactos ambientales negativos, además de exigir evaluaciones y adecuaciones para actividades con potencial contaminante. Asimismo, la Ley Nacional 25.675, Ley General del Ambiente, incorpora el principio precautorio y la obligación del Estado de garantizar un ambiente sano y equilibrado para los vecinos.

A ello se suma otra contradicción estructural dentro del propio Estado municipal: el Partido de Mar Chiquita aún no cuenta con una Ordenanza Integral de Medio Ambiente que establezca reglas claras, mecanismos de control, auditorías ambientales y procedimientos transparentes de evaluación para actividades potencialmente contaminantes.

La ausencia de un marco normativo sólido, sumada a la falta de controles visibles y políticas preventivas concretas, expone una preocupante distancia entre el discurso ambiental que se promociona públicamente y la realidad efectiva de la gestión en el distrito.

En este contexto, resulta inevitable preguntarse si el ambientalismo impulsado por determinados dirigentes responde verdaderamente a una convicción ética o si termina funcionando de manera selectiva según los intereses políticos y económicos involucrados.

Porque mientras se denuncian determinadas obras o proyectos privados, poco se dice sobre industrias instaladas desde hace años en el corazón urbano de Santa Clara del Mar, que funcionan bajo habilitaciones cuestionadas y mantienen fuertes vínculos con distintos gobiernos municipales.

La discusión de fondo ya no es solamente ambiental. También es moral y política. Y tiene que ver con la credibilidad de quienes pretenden posicionarse como defensores del ambiente mientras conviven, silenciosamente, con prácticas que parecen ir exactamente en sentido contrario.