La nacionalista Giorgia Meloni puso en marcha una profunda reforma del sistema electoral italiano con la presentación de un proyecto de ley que comenzará a debatirse en el Parlamento y que, de ser aprobado, regirá las elecciones generales previstas para octubre de 2027. La iniciativa llega en un contexto de fuerte precampaña y cuando las encuestas anticipan un escenario mucho más competitivo que el de los comicios de 2022, que llevaron a la actual coalición de derecha al poder.

El nuevo esquema propone un sistema proporcional con un importante premio de mayoría para la alianza que supere el 42 por ciento de los votos en ambas cámaras.

En ese caso, recibiría un bono de 70 diputados y 35 senadores, lo que le garantizaría una cómoda mayoría legislativa. Además, elimina los distritos uninominales que favorecían a las coaliciones mejor organizadas y exige que cada alianza defina antes de la elección a su candidato a primer ministro.

Desde la oposición sostienen que la reforma está diseñada para beneficiar a Meloni y facilitar la elección de un futuro presidente de la República afín al oficialismo cuando concluya el mandato de Sergio Mattarella en 2029. Diversos constitucionalistas también advirtieron que algunos artículos podrían entrar en conflicto con la Constitución italiana y derivar en futuras impugnaciones judiciales.

El proyecto también responde a las nuevas tensiones dentro del bloque de derecha. La aparición del partido Futuro Nacional, liderado por el exgeneral Roberto Vannacci, amenaza con restarle votos al oficialismo, mientras el centroizquierda trabaja para llegar unido a las próximas elecciones. En ese escenario, la reforma electoral se perfila como una de las principales batallas políticas que marcarán el camino hacia los comicios de 2027.