La primera ministra italiana, la nacionalista Giorgia Meloni, convirtió al denominado "modelo Albania" en uno de los pilares de su política migratoria. El esquema permite trasladar a territorio albanés a parte de los migrantes interceptados en el Mediterráneo para que permanezcan allí mientras se analizan sus solicitudes de asilo o se avanza con los procedimientos de repatriación, con el objetivo de desalentar la inmigración irregular hacia Italia.

El acuerdo entre Roma y Tirana contempla centros administrados por Italia en suelo albanés, bajo jurisdicción italiana, destinados a procesar a personas provenientes de países considerados "seguros". Para el gobierno de Meloni, el sistema busca agilizar las expulsiones, reducir la presión sobre el sistema de asilo italiano y servir como una herramienta para reforzar el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Sin embargo, el plan continúa envuelto en fuertes controversias. Diversos tribunales italianos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analizan la legalidad del mecanismo, mientras organizaciones humanitarias cuestionan que pueda vulnerar derechos fundamentales de los solicitantes de asilo. A ello se suma el elevado costo de mantenimiento de los centros y las críticas por su escasa utilización desde su puesta en marcha.

Pese a las objeciones, Meloni busca que el "modelo Albania" se transforme en una referencia para otros países europeos en medio del endurecimiento de las políticas migratorias del bloque. La iniciativa volvió a cobrar protagonismo en el debate comunitario por la crisis migratoria y refleja la intención del gobierno italiano de impulsar una estrategia más restrictiva para frenar la llegada de inmigrantes irregulares a Europa.