La propia estructura oficial del Instituto confirma que Silvestre continúa al frente de la Dirección Jurídico Legal, un área cuya función excede ampliamente el asesoramiento jurídico. Entre sus atribuciones figuran la intervención en todos los asuntos legales vinculados al funcionamiento del Instituto, la relación con la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado, la Contaduría General y el Poder Judicial, además de la coordinación de acciones contra el juego ilegal.

Su permanencia cobra mayor relevancia al analizar la arquitectura institucional del organismo. En febrero de 2020, Axel Kicillof modificó la Carta Orgánica del Instituto Provincial de Lotería y Casinos mediante el Decreto 80/2020. Aquella reforma buscó redistribuir facultades administrativas, fortaleciendo especialmente la figura del secretario ejecutivo para limitar la concentración de poder político dentro del organismo, una decisión que distintos análisis interpretaron como un intento de establecer mayores controles internos sobre una de las cajas más importantes de la administración provincial.

Sin embargo, pese a esa reforma, la estructura administrativa continúa asignando un rol central a la Dirección Jurídico Legal en numerosos actos administrativos de importancia. Diversas resoluciones oficiales muestran que las actuaciones más relevantes del Instituto cuentan con la intervención de esa dirección antes de la firma del presidente del organismo, lo que evidencia que el área jurídica constituye un paso indispensable dentro del circuito administrativo.

En ese contexto, distintos medios nacionales señalaron que Silvestre integra el grupo de funcionarios que responden políticamente a Martín Insaurralde y que permanecieron dentro de Lotería aun después del recambio de autoridades. Incluso, investigaciones periodísticas recientes sostienen que es uno de los hombres que sobrevivió al desplazamiento del exintendente de Lomas de Zamora y continúa ocupando una posición estratégica dentro del organismo.

La permanencia de esos funcionarios abre inevitablemente un debate político. Si el gobierno bonaerense sostiene que el escándalo protagonizado por Insaurralde constituyó un hecho individual y que su estructura política fue desarticulada, resulta razonable preguntarse por qué continúan ocupando posiciones sensibles dirigentes que distintos medios identifican como parte de ese armado.

La cuestión no supone atribuir responsabilidades penales ni administrativas sin pruebas. No existe información pública que demuestre que Sebastián Silvestre haya cometido delito alguno ni que haya participado en maniobras irregulares vinculadas con la administración del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Tampoco existen decisiones judiciales que así lo establezcan.

Sin embargo, la discusión política es otra. La confianza pública en organismos que administran recursos millonarios depende también de la transparencia institucional y de las señales que transmite el Poder Ejecutivo. En ese marco, Axel Kicillof enfrenta un interrogante que trasciende las responsabilidades judiciales. Si realmente pretende marcar un corte definitivo con el esquema político que representó Martín Insaurralde, ¿por qué continúan en funciones algunos de los funcionarios que públicamente fueron identificados como parte de esa estructura?

La continuidad de Sebastián Silvestre al frente de la Dirección Jurídico Legal puede encontrar explicaciones técnicas, vinculadas a su experiencia o conocimiento específico del organismo. Pero, precisamente por tratarse de un área clave dentro de la administración del juego oficial, donde confluyen controles jurídicos, administrativos y patrimoniales, el Gobierno provincial debería ofrecer una explicación política clara sobre los criterios que justifican esa permanencia.

La transparencia no solo exige que no existan irregularidades; también requiere despejar cualquier duda razonable sobre la independencia de quienes ocupan funciones estratégicas en organismos que administran una de las principales fuentes de recaudación extrapresupuestaria de la provincia.