El presidente Nayib Bukele volvió a quedar en el centro de la polémica luego de promulgar una ley que habilita la cadena perpetua para menores de 12 años acusados de delitos graves como homicidio, terrorismo o violación. La medida entrará en vigor el próximo 26 de abril y profundiza la política de mano dura impulsada por el mandatario salvadoreño.

Desde 2022, El Salvador permanece bajo estado de emergencia, un régimen prorrogado cerca de 50 veces que permitió miles de detenciones. Según organizaciones de derechos humanos, cerca del 1,9 por ciento de la población se encuentra encarcelada, una de las tasas más altas del mundo. Además, desde 2023 se aplican juicios colectivos con hasta 900 personas procesadas al mismo tiempo.

La nueva ley fue aprobada en marzo como parte de una enmienda constitucional impulsada por el oficialismo en la Asamblea Legislativa, controlada por el partido Nuevas Ideas. Sin mayores obstáculos parlamentarios, la iniciativa avanzó rápidamente y consolidó el respaldo político a la estrategia de seguridad del gobierno.

Durante el debate público, el nacionalista Nayib Bukele defendió la medida y apuntó contra sus detractores, a quienes acusó de ser demasiado indulgentes frente a la violencia. A través de sus redes sociales, el mandatario desafió a la oposición a pronunciarse sobre la reforma, profundizando la polarización en torno a su política criminal.

Las críticas no tardaron en llegar desde organismos internacionales. UNICEF expresó “profunda preocupación” y advirtió que imponer cadenas perpetuas a niños contradice la Convención sobre los Derechos del Niño.

En paralelo, expertos independientes denunciaron posibles crímenes de lesa humanidad durante el estado de emergencia y señalaron que miles de detenidos podrían ser inocentes.