El gobierno bonaerense oficializó la suspensión por 90 días del programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria), una medida que volvió a abrir el debate sobre la asistencia alimentaria escolar en la Provincia de Buenos Aires.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución RESO-2026-842-GDEBA-MDCGP, firmada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y afecta directamente a un esquema que desde la pandemia funcionaba como complemento alimentario para miles de estudiantes bonaerenses.

El programa distribuía módulos mensuales destinados a alumnos de nivel inicial, primario, secundario y educación especial de establecimientos públicos provinciales y municipales. Aunque desde la Provincia aclararon que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) continuará funcionando, la suspensión del refuerzo alimentario encendió cuestionamientos sobre el alcance real de la cobertura.

La resolución establece que la suspensión regirá durante 90 días corridos desde el 1 de mayo de 2026, mientras el Gobierno evalúa el futuro del programa y reorganiza partidas presupuestarias en medio de la crisis económica.

Dentro del esquema operativo del programa también aparece involucrada el área educativa bonaerense encabezada por Flavia Terigi, ya que la Dirección General de Cultura y Educación participa en la implementación territorial junto a los Consejos Escolares.

Desde distintos sectores educativos y sociales remarcaron que el programa había dejado de funcionar únicamente como una medida excepcional de pandemia y se había convertido en una herramienta clave frente al crecimiento de la pobreza y las dificultades alimentarias en miles de hogares bonaerenses.

En los fundamentos oficiales, la Provincia justificó la medida señalando la emergencia económica vigente, la caída de recursos y la reducción de transferencias nacionales. Además, sostuvo que será necesario “reasignar recursos” y priorizar fondos para garantizar el funcionamiento del SAE.

Sin embargo, la decisión abrió nuevas críticas políticas contra la gestión de Axel Kicillof. Los cuestionamientos apuntan a que, en un contexto de deterioro económico y aumento del costo de los alimentos, el recorte impacta directamente sobre uno de los sectores más vulnerables.

Aunque la suspensión fue presentada oficialmente como transitoria, la medida despertó incertidumbre entre familias, docentes y operadores sociales que temen que el programa quede desactivado de manera definitiva.