Municipios Bonaerenses | 18:45

Secretaría Privada

Una trabajadora municipal denunció por lesiones y amenazas de muerte al chofer del intendente de General Rodríguez

Acusa a Javier Horacio Acuña, director de la Secretaría Privada de Mauro García, de agredirla dentro del edificio municipal. Pidió una restricción de acercamiento y medidas de protección.

Una trabajadora municipal acusó a Javier Horacio Acuña, director de la Secretaría Privada y chofer personal del jefe comunal, de haberla golpeado y amenazado para impedir que revelara un presunto episodio ocurrido dentro del edificio municipal. La presentación judicial también solicita medidas de protección urgentes y apunta a esclarecer posibles responsabilidades institucionales.

Una grave denuncia penal sacude al municipio bonaerense de General Rodríguez y salpica directamente al entorno del intendente Mauro García. Una trabajadora municipal denunció a Javier Horacio Acuña, director de la Secretaría Privada y chofer personal del jefe comunal, por presuntos hechos de lesiones, amenazas de muerte y coacción, en un episodio que habría ocurrido dentro de dependencias oficiales.

De acuerdo con la presentación judicial difundida por el abogado patrocinante de la denunciante y candidato a intendente Miguel Puentes, los hechos se remontan al 14 de mayo de 2026, alrededor de las 11 horas, cuando la mujer ingresó al edificio municipal con la intención de acceder al despacho del intendente.

Según el relato incorporado a la denuncia, al aproximarse a la oficina de García habría observado al jefe comunal inhalando una sustancia por sus fosas nasales. Inmediatamente después, siempre de acuerdo con la versión de la denunciante, habría sido interceptada por Acuña, quien presuntamente la empujó contra el marco de una puerta, la sujetó violentamente del cuello, le presionó el rostro con el antebrazo y le propinó varias patadas.

La situación habría escalado todavía más después de la presunta agresión. La mujer aseguró haber recibido amenazas de muerte destinadas a impedir que contara lo sucedido. Posteriormente, también habría sido víctima de nuevas intimidaciones telefónicas.

Un funcionario bajo la lupa judicial

A partir de estos episodios, la representación legal formalizó una denuncia por los presuntos delitos de lesiones, amenazas y coacción, contemplados en los artículos 89, 92 y 149 bis del Código Penal, con los agravantes que pudieran corresponder.

Además, el abogado encuadró los hechos en el marco de la Ley Nacional 26.485 de protección integral de las mujeres frente a situaciones de violencia, al considerar que existiría un contexto de violencia de género, laboral e institucional.

Entre las medidas solicitadas ante la Justicia se encuentran una restricción de acercamiento de 500 metros respecto de la denunciante, la realización de una pericia psicológica y otras medidas cautelares urgentes para garantizar su protección.

También se pidió la citación del denunciado en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense, instancia vinculada a la declaración del imputado cuando existen elementos para sospechar su participación en un delito.

Un episodio que también compromete al entorno del intendente

Más allá de la gravedad de las acusaciones contra Acuña, la denuncia introduce un elemento particularmente delicado para la administración de Mauro García: el episodio habría comenzado cuando la trabajadora intentaba ingresar al despacho del propio jefe comunal.

El caso abre interrogantes sobre las condiciones de seguridad y las relaciones laborales dentro del municipio, especialmente por tratarse de una trabajadora que afirma haber sufrido violencia y posteriores intimidaciones en el ámbito de una dependencia pública.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar qué ocurrió, establecer si existieron las agresiones denunciadas y evaluar las eventuales responsabilidades penales e institucionales.

Mientras tanto, el escándalo deja bajo cuestionamiento al círculo más cercano del intendente de General Rodríguez y pone en primer plano una denuncia de extrema gravedad que reclama investigación, protección para la víctima y respuestas institucionales.

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