Una documentación aportada a esta investigación abrió interrogantes sobre el destino de 232 lotes proyectados en un predio de 13,7 hectáreas en Paraná, vinculado al programa EL ARCA. El material identifica como organización relacionada a la Cooperativa de Trabajo Construyendo Rosario de Pie Ltda., radicada en Rosario, y consigna para el terreno el estado “precio comprado, sin avances”.

El predio aparece ubicado en Salellas 861 y Ruta Nacional 12, con aproximadamente 136.810 metros cuadrados. Según la información recibida, allí debían desarrollarse 232 lotes y existía posibilidad de conexión de agua y electricidad en las inmediaciones, aunque no se consignan avances en el proyecto.

El punto más sensible pasa por los destinatarios. De acuerdo con testimonios e información aportados, las familias que supuestamente integrarían el proyecto no habrían sido notificadas de la existencia de esos lotes. El material disponible tampoco permite determinar quiénes eran los adjudicatarios, cómo fueron seleccionados ni si existió un padrón definitivo.

También quedan preguntas sobre la trazabilidad administrativa. La información recibida sostiene que el proyecto no aparecería en las bases actualmente consultadas del Ministerio de Capital Humano, una situación que requiere confirmación oficial. Con el material disponible tampoco puede establecerse cuánto dinero se destinó, quién compró el inmueble, quién debía ejecutar las obras ni quién controla actualmente las tierras.

La documentación identifica a Construyendo Rosario de Pie Ltda., CUIT 30-71713094-0, como una cooperativa con domicilio fiscal en Rosario. Su participación fuera de esa jurisdicción no demuestra por sí misma ninguna irregularidad, pero deja pendiente conocer mediante qué procedimiento fue incorporada a un proyecto destinado a familias de Paraná.

A los interrogantes documentales se suman testimonios recibidos al cierre de la información. Familias consultadas sostuvieron que el armado comenzó antes de las elecciones de 2023 y mencionaron la participación de alrededor de 650 familias distribuidas entre distintas organizaciones. También formularon acusaciones contra dirigentes políticos sobre un supuesto negocio con las tierras, pero esas afirmaciones no cuentan en el material aportado con documentación suficiente para presentarlas como hechos comprobados.

Por eso, la investigación deja planteadas preguntas concretas antes que conclusiones penales: ¿dónde están los 232 lotes, quiénes eran las familias destinatarias, qué ocurrió con el financiamiento y cuál es hoy la situación registral del predio? Las respuestas requieren acceder al expediente completo, convenios, titularidad del inmueble, desembolsos, padrón de beneficiarios, proyecto urbanístico y rendiciones de cuentas.