El abogado sostiene que la decisión administrativa presenta una contradicción entre sus fundamentos y la parte resolutiva. En ese sentido, argumenta que la apertura de un proceso disciplinario debe surgir de una resolución expresa, personal e inequívoca, condición que, según afirma, no se cumple en su caso.

Además, Razona señala que la falta de individualización vulneraría garantías constitucionales vinculadas al debido proceso y al derecho de defensa. En el escrito afirma que una persona no puede ser obligada a responder cargos disciplinarios si no existe una resolución formal que la identifique de manera precisa como imputada dentro del expediente.

Entre los argumentos desarrollados, también cuestiona resoluciones posteriores dictadas dentro de la causa y sostiene que no pueden subsanar una supuesta omisión original. Según manifestó, cualquier actuación posterior quedaría afectada por el defecto inicial que denuncia.

Por último, el abogado solicitó que se declare la inexistencia jurídica o, subsidiariamente, la nulidad del procedimiento respecto de su persona. También pidió la suspensión de los plazos procesales hasta que se resuelva el planteo y dejó planteadas reservas para recurrir a instancias superiores, incluida la vía judicial, en caso de que su pedido no prospere.