La oposición rionegrina decidió pasar a la ofensiva contra el funcionamiento interno de la Legislatura y presentó un proyecto para modificar el reglamento con el objetivo de impedir que las iniciativas de los bloques minoritarios queden "cajoneadas" durante meses sin tratamiento. La propuesta apunta directamente al esquema de poder que sostiene Juntos Somos Río Negro, al que responsabilizan de utilizar las comisiones legislativas como un filtro político para evitar debates incómodos.

La iniciativa fue presentada por la legisladora Martina Lacour, integrante de La Libertad Avanza, y cuenta con el acompañamiento de su compañero de bancada, César Domínguez. Sin embargo, el reclamo excede al espacio libertario y viene siendo compartido desde hace tiempo por distintos sectores opositores, entre ellos el peronismo, el PRO y Cambia Río Negro, que denunciaron reiteradamente que numerosos proyectos nunca llegan siquiera a ser discutidos.

El planteo apunta al corazón del reglamento legislativo. Si bien actualmente las iniciativas son registradas y derivadas a las comisiones correspondientes, ese procedimiento no obliga a que sean incorporadas al orden del día ni debatidas. En los hechos, la decisión queda en manos de las autoridades de cada comisión, dominadas por el oficialismo provincial, que pueden mantener los expedientes inmovilizados hasta que pierdan estado parlamentario.

Desde la oposición sostienen que ese mecanismo constituye una herramienta política para silenciar voces disidentes y evitar que prosperen iniciativas que cuestionen al gobierno de Alberto Weretilneck. Según afirman, la mayoría legislativa no solo garantiza la aprobación de los proyectos oficiales, sino también la posibilidad de impedir que las propuestas opositoras lleguen siquiera a ser analizadas.

En los fundamentos del proyecto, Martina Lacour advirtió que "la función legislativa no se agota en la presentación formal de proyectos. Para que el derecho de iniciativa de los legisladores tenga contenido real, las propuestas deben ser efectivamente consideradas por las comisiones competentes". La legisladora remarcó que el sistema vigente termina vaciando de contenido la tarea parlamentaria de quienes no integran el oficialismo.

La dirigente también sostuvo que detrás de cada expediente existe un importante trabajo técnico y político que termina desperdiciado cuando las autoridades de comisión deciden no tratarlo. En ese sentido, cuestionó que numerosas iniciativas permanezcan durante meses sin movimiento hasta perder vigencia, afectando la representación de quienes las impulsaron.

Para los impulsores de la reforma, una Legislatura verdaderamente democrática no debe garantizar que todas las propuestas sean aprobadas, pero sí que todas tengan la posibilidad de ser debatidas. Por eso proponen establecer mecanismos que obliguen a que cada expediente ingrese formalmente a comisión y reciba un tratamiento institucional, evitando que quede librado a decisiones discrecionales.

El debate promete sumar tensión en el ámbito político provincial. Mientras el oficialismo mantiene un férreo control sobre el funcionamiento parlamentario, la oposición intenta instalar que la mayoría de Juntos Somos Río Negro no solo condiciona las votaciones, sino también el derecho básico de los legisladores a que sus iniciativas sean escuchadas. La discusión sobre la reforma del reglamento podría convertirse en un nuevo foco de conflicto entre el gobierno de Alberto Weretilneck y los bloques opositores.