La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó formalmente al Estado uruguayo por la denuncia presentada por Marcelo Balcedo, Paola Fiege y su familia, otorgándole un plazo máximo de cuatro meses para presentar sus descargos en el marco del caso que ahora quedó activado a nivel internacional.

El traslado de la petición, fechado el 19 de febrero de 2026, implica que la Comisión consideró que existen elementos suficientes para requerir explicaciones formales sobre presuntas vulneraciones a derechos protegidos por la Convención Americana, entre ellos la libertad personal, las garantías judiciales, el derecho de defensa y la protección de la familia.

El origen del conflicto se remonta al operativo realizado el 4 de enero de 2018 en la residencia familiar de Piriápolis, donde se efectuaron incautaciones y detenciones en el marco de la cooperación judicial con Argentina. La denuncia sostiene que parte de esas actuaciones se realizaron sin órdenes específicas que habilitaran el alcance de las medidas ejecutadas.

La presentación ante el sistema interamericano también cuestiona la prolongación del proceso judicial y la imposibilidad, según la defensa, de que la pareja pudiera prestar declaración y ejercer plenamente su derecho de defensa durante más de ocho años de causa, lo que se plantea como una posible dilación indebida.

Otro eje del reclamo apunta al impacto reputacional derivado de la exposición mediática inicial del caso y a la presunta afectación de la presunción de inocencia, además de señalar supuestas irregularidades en el proceso de extradición y en la aplicación de la prisión preventiva.

La defensa, encabezada por los juristas Leonardo de Carvalho e Silva y Leonardo Bishop, argumenta que existieron persecución judicial, detención ilegal y vulneraciones a los derechos de los hijos menores, en relación con el interés superior del niño y la protección familiar.

Aunque la Comisión no se pronunció sobre el fondo del asunto, la admisión del caso abre una instancia internacional de análisis sobre la actuación del Estado uruguayo en el marco de la cooperación penal con Argentina. En paralelo, la pareja analiza impulsar una demanda por daños materiales y reputacionales que superaría los 200 millones de dólares.

El procedimiento contempla la posibilidad de una solución amistosa entre las partes. En caso de no prosperar, el expediente podría avanzar hacia la etapa de fondo, donde se evaluaría una eventual responsabilidad internacional del Estado por posibles violaciones a los derechos humanos invocados.