La causa federal que investiga a José Antonio Voytenco por presunto lavado de activos sumó un nuevo capítulo judicial con acusaciones cruzadas sobre el manejo del expediente. Según se denuncia, el abogado defensor habría impulsado un planteo para frenar la investigación, mientras que el fiscal Guillermo Marijuan presentó un descargo en ese mismo sentido, en línea con el pedido de la defensa.

El eje del conflicto gira en torno a un incidente por “falta de acción”, una herramienta procesal que busca cerrar la causa. En ese marco, se cuestiona que el fiscal no haya promovido medidas de prueba relevantes desde el inicio del expediente, lo que ahora alimenta sospechas sobre la falta de impulso investigativo.

El descargo presentado por Marijuan sostiene que el querellante no tiene legitimidad para intervenir en el proceso, al no demostrar un perjuicio directo. En el documento, el fiscal afirma que los hechos denunciados no afectan de manera concreta al acusador privado y que, por lo tanto, corresponde su apartamiento del expediente .

La causa también presenta una particularidad que genera ruido en tribunales. El mismo juzgado, a cargo de Sebastián Casanello, y la fiscalía de Marijuan intervienen en dos expedientes vinculados: en uno, Voytenco aparece como imputado por lavado, mientras que en otro posterior figura como denunciante de un supuesto plan criminal.

En ese contexto, se apunta a una supuesta estrategia de “blindaje judicial”, vinculada a la defensa del dirigente sindical, que buscaría desactivar la investigación principal. Las críticas se centran en la falta de medidas concretas para avanzar sobre el fondo de la causa.

El escenario queda ahora sujeto a la resolución del juez, que deberá definir si hace lugar al planteo de falta de acción y aparta a la querella, o si ordena profundizar la investigación con nuevas medidas de prueba.

Un sector de UATRE difundió un duro comunicado

El Movimiento de Recuperación de la UATRE difundió un extenso comunicado en el que acusa a José Voytenco de encabezar una estructura de persecución interna, manejo irregular de fondos y presunto blindaje judicial en distintas causas que lo involucran. La denuncia también alcanza al funcionamiento de la obra social OSPRERA y a decisiones adoptadas tras su intervención.

Según el documento, desde 2020 se habría consolidado un esquema de control dentro del gremio con despidos, exclusión de opositores y manipulación de procesos internos, lo que derivó en más de mil personas afectadas entre trabajadores y dirigentes. También se mencionan conflictos judiciales sin resolución y denuncias por irregularidades en elecciones sindicales.

Uno de los ejes más fuertes apunta a los contratos vinculados al gremio. El comunicado sostiene que se rescindieron acuerdos previos para beneficiar a otras empresas, entre ellas El Surco Seguros, en operaciones que habrían implicado movimientos millonarios y presuntos retornos económicos.

En paralelo, se denuncia una crisis en OSPRERA, con despidos masivos, falta de pago de obligaciones y posibles irregularidades previsionales, lo que podría derivar en juicios que impacten sobre el patrimonio de la obra social .

El documento también vincula a Voytenco con una causa por lavado de activos iniciada en 2024, en la que se investigan bienes y movimientos económicos que no coincidirían con su actividad sindical. En ese expediente, se cuestiona el rol del fiscal Guillermo Marijuan por no impulsar medidas de prueba y por acompañar planteos de la defensa.

Además, se señala una situación que genera ruido en tribunales: el mismo juez y fiscal intervienen en dos causas relacionadas, una donde Voytenco es investigado y otra donde figura como denunciante de un supuesto plan criminal.