En el plano político, el tema tomó mayor sensibilidad al cruzarse con el contexto provincial y nacional vinculado al negocio del control vial y las fotomultas, donde el nombre del empresario Leandro Camani, titular de Secutrans, aparece mencionado en denuncias y disputas empresariales en curso.

Según trascendió, presentaciones judiciales y mediáticas incorporaron antecedentes periodísticos que lo vinculan públicamente con personas investigadas por narcotráfico, sin atribución de responsabilidad penal directa, pero como parte del contexto relacional señalado en esos expedientes.

A su vez, la cámara empresarial CECAITRA denunció ante la UIF, en una causa que tramita con intervención fiscal, presuntas presiones, extorsiones y utilización de denuncias penales como herramienta para desplazar competencia dentro del negocio de las fotomultas, lo que trasladó el conflicto del plano comercial al institucional.

Este escenario también generó cuestionamientos políticos hacia la autoridad provincial de transporte, ante la acumulación de denuncias y conflictos sin respuestas públicas claras.

Dentro del entramado local aparece el nombre de Marcelo Cabello, mencionado como articulador entre estructuras empresariales vinculadas al sector y la empresa PubliVial, que mantiene acuerdos con la comuna desde hace más de una década, lo que alimenta interrogantes sobre si el nuevo pliego podría reeditar esquemas de gestión privada bajo otro formato contractual.

En el ámbito político, también genera ruido el silencio de la concejal Vanina Calvo, referente de La Cámpora en el distrito, en un contexto donde el kirchnerismo nacional mantiene una postura crítica frente a la tercerización de funciones estatales.

La falta de posicionamiento público abrió interpretaciones sobre un posible alineamiento tácito con la gestión del intendente Walter Wischnivetzky y el senador Jorge Paredi, figuras centrales del oficialismo local.

Además, el análisis político incorpora vínculos personales y empresariales que exceden lo municipal, como la relación sentimental atribuida a Camani con el entorno familiar del dirigente sindical Luis Barrionuevo y menciones a conexiones empresariales que alimentan especulaciones sobre intereses territoriales.

Si bien no hay confirmaciones oficiales sobre una estructura formal en el distrito, sectores opositores advierten que el pliego podría implicar algo más que una simple modernización administrativa.

En este contexto, el debate de fondo gira en torno a quién controla la caja municipal, qué controles de transparencia se aplicarán y qué postura adoptará cada concejal frente a una decisión que redefine el modelo de gestión de recursos públicos.

El tratamiento del expediente en el Concejo Deliberante comienza así a perfilarse como una discusión política de fondo sobre liderazgo, conducción y transparencia institucional en Mar Chiquita.