La causa por presunta contaminación vinculada con plantas pesqueras del puerto de Mar del Plata sumó una nueva presentación judicial. Roberto Víctor Maturana solicitó ante el Juzgado Federal número 1 la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) para analizar el patrimonio y las finanzas de Coomarpes Ltda. y Agustiner S.A.

El planteo sostiene que ambas compañías habrían evitado durante años inversiones destinadas al tratamiento integral de efluentes líquidos y emisiones gaseosas. Según la presentación, desde 2016 existían exigencias para implementar plantas de tratamiento e instalar sistemas específicos para neutralizar gases, pero esas obligaciones habrían sido postergadas o reemplazadas por soluciones que la querella considera insuficientes.

La denuncia también apunta al volumen de actividad. El escrito asegura que las plantas procesan entre 120 y más de 200 toneladas diarias de materia prima cada una y plantea que la continuidad productiva habría convivido con un esquema de ahorro de costos ambientales. Esa hipótesis es la que ahora se busca trasladar también al análisis económico y patrimonial.

Uno de los puntos más graves aparece en el agua subterránea. La presentación cita un informe técnico de la Autoridad del Agua que, según la querella, habría detectado en el área de influencia valores elevados de sólidos, cloruros y nitratos, además de vuelcos con exceso de DBO y una carga bacteriológica superior a 43 millones de coliformes fecales.

El escrito calcula que el presunto ahorro acumulado por inversiones y gastos operativos omitidos alcanzaría aproximadamente 28,2 millones de dólares en diez años. Por eso solicita embargos preventivos e inhibiciones de bienes por una suma inicial de 6 millones de dólares para cada una de las firmas y sus directivos, monto que podría ampliarse si avanzan las pericias.

La presentación aclara que no busca paralizar la recepción de materia prima del puerto, sino que las plantas continúen funcionando con tecnologías adecuadas para el tratamiento de sus residuos. Las acusaciones deberán ahora ser evaluadas dentro del expediente judicial y no constituyen, por sí solas, una declaración de responsabilidad de las empresas señaladas.