La presentación del proyecto del reactor nuclear modular ACR-300, anunciado por el gobierno de Javier Milei como uno de los emblemas de su estrategia energética, ya generó su primer frente político en Río Negro. Legisladores de la oposición provincial presentaron un contundente pedido de informes para conocer cuál es el verdadero rol de INVAP, la empresa tecnológica más importante de la provincia, y si el patrimonio científico construido durante décadas con fondos públicos podría terminar beneficiando a empresas privadas.

La ofensiva parlamentaria fue impulsada por el legislador Leandro García y cuenta con el respaldo de los bloques del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro y Vamos con Todos. Los legisladores buscan despejar dudas sobre la creación de Meitner Energy, la participación de capitales privados en el desarrollo del reactor ACR-300 y los acuerdos firmados por la empresa estatal rionegrina en torno a uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos del país.

Entre los principales cuestionamientos aparece la posibilidad de que conocimientos estratégicos desarrollados por INVAP durante años hayan sido transferidos a sociedades privadas sin que exista información pública suficiente sobre las condiciones de esos convenios. La oposición advierte que el desarrollo tecnológico financiado por la provincia no puede quedar sujeto a negocios cuyos términos permanecen bajo reserva.

El pedido de informes exige que el Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Modernización y de INVAP S.A.U., detalle cuál es la participación accionaria de la empresa en Meitner Energy, cuál es la relación jurídica con Black River Technology y qué tipo de acuerdos fueron suscriptos con esa firma y con el Ansari Group para avanzar en el desarrollo y la futura comercialización internacional del reactor.

Los legisladores también pretenden conocer quién conserva actualmente la propiedad intelectual del reactor ACR-300, uno de los aspectos considerados más sensibles del proyecto. La preocupación apunta a determinar si INVAP mantiene el control sobre la tecnología desarrollada o si parte de esos derechos fue cedida mediante contratos cuyo contenido todavía no fue dado a conocer oficialmente.

Otra de las dudas que busca despejar la oposición está vinculada con el eventual negocio económico detrás del reactor. En ese sentido, solicitaron conocer qué regalías, dividendos, licencias o beneficios económicos recibirá INVAP si el reactor logra venderse en el mercado internacional, además de pedir copia de cualquier valuación independiente realizada sobre el valor comercial de esa tecnología.

La presentación también pone el foco en uno de los principales activos de la empresa estatal: su capital humano. Los legisladores quieren saber cuántos ingenieros, investigadores y especialistas trabajan actualmente en el proyecto ACR-300, bajo qué modalidad fueron contratados y si existe un proceso de transferencia permanente o temporal de profesionales desde INVAP hacia Meitner Energy, lo que podría implicar una fuga de recursos estratégicos formados durante años con inversión pública.

Otro de los aspectos centrales del pedido apunta a conocer si existen mecanismos que impidan la pérdida definitiva de conocimientos tecnológicos desarrollados por la empresa rionegrina. Para ello, solicitaron información sobre eventuales cláusulas de reversión de derechos de propiedad intelectual, mecanismos para recuperar activos tecnológicos ante incumplimientos y herramientas destinadas a impedir una transferencia irreversible de capacidades científicas.

La oposición también quiere determinar cuál fue el nivel de participación de la Provincia de Río Negro en las decisiones adoptadas en torno al proyecto. Por ese motivo, reclamó que se remitan dictámenes técnicos, jurídicos y económicos elaborados por el Directorio de INVAP, además de toda la documentación que permita establecer si el gobierno provincial autorizó o avaló los acuerdos firmados para poner en marcha el emprendimiento.

El Gobierno nacional presenta al reactor ACR-300 como una de las grandes apuestas para posicionar a la Argentina en el mercado mundial de los reactores modulares. En ese contexto, desde la Legislatura rionegrina comenzaron a exigir que se despejen todas las dudas sobre el destino de uno de los principales activos tecnológicos del país. El debate ya quedó instalado y ahora la presión política se concentra sobre INVAP y el Ejecutivo provincial, que deberán explicar si el patrimonio científico de los rionegrinos continúa bajo control estatal o si parte de ese capital estratégico ya comenzó a cambiar de manos.