Los gobernadores de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén y La Pampa han intensificado su confrontación con el gobierno nacional de Javier Milei, anunciando un plan conjunto para proteger los recursos naturales de la Patagonia frente a lo que consideran una "avanzada centralista" desde Buenos Aires.  

Según fuentes cercanas a los mandatarios, el bloque patagónico estaría preparando una demanda colectiva ante la Corte Suprema de Justicia para blindar la autonomía provincial sobre hidrocarburos, minería y pesca, además de evaluar medidas de presión como la suspensión temporal de exportaciones energéticas clave.  

Este nuevo capítulo en la tensa relación entre la Casa Rosada y las provincias del sur amenaza con escalar en una crisis federal de proporciones. 

Un frente unido contra el centralismo 

La decisión de los gobernadores surge tras meses de tensiones con el gobierno de Milei, marcadas por recortes de fondos coparticipables y propuestas legislativas que, según los mandatarios, buscan transferir el control de los recursos naturales a la Nación.  

En febrero de 2024, los gobernadores patagónicos ya habían amenazado con suspender el suministro de petróleo y gas en respuesta a la retención de 13.500 millones de coparticipación a Chubut, un conflicto que se resolvió parcialmente tras una medida judicial.  

Sin embargo, la reciente auditoría del Ministerio de Economía sobre las regalías hidrocarburíferas y las declaraciones del prescindente Milei sobre la necesidad de "revisar" la distribución de recursos han reavivado el malestar. 

En una reunión virtual celebrada el pasado viernes, los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Sergio Ziliotto (La Pampa) acordaron una estrategia conjunta.  

Según un comunicado filtrado, los mandatarios resolvieron “asumir en plenitud las potestades reconocidas en el artículo 124 de la Constitución Nacional”, que otorga a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales.  

El plan incluye: 

• Demanda ante la Corte Suprema: Una acción legal colectiva para declarar inconstitucionales las normativas nacionales que interfieran en la gestión provincial de hidrocarburos, minería y pesca. Los gobernadores argumentan que el gobierno de Milei intenta centralizar ingresos de sectores clave, como Vaca Muerta, a través de nuevas regulaciones fiscales. 

• Creación de la Agencia de Desarrollo Patagónico: Una entidad regional, anunciada en marzo de 2024 en Puerto Madryn, que ahora buscará coordinar la explotación de recursos y negociar directamente con inversores internacionales, eludiendo al gobierno nacional. 

• Amenaza de medidas económicas: Fuentes cercanas a Torres y Melella indicaron que se evalúa suspender temporalmente las exportaciones de gas y petróleo como medida de presión, una táctica que ya generó pánico en 2024. Además, Santa Cruz y Tierra del Fuego podrían restringir licencias pesqueras en sus aguas jurisdiccionales. 

Contexto de la rebelión 

La Patagonia aporta el 98 por ciento del gas, el 87 por ciento del petróleo, el 71 por ciento de la energía eólica y el 27 por ciento de la energía hidroeléctrica del país, según datos oficiales citados por los gobernadores en Puerto Madryn.  

Esta riqueza energética y pesquera ha convertido a la región en un pilar económico, pero también en un punto de fricción con el gobierno nacional.  

La administración de Milei, que enfrenta una crisis fiscal y presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha señalado la necesidad de maximizar los ingresos de recursos naturales para estabilizar la economía, lo que incluye propuestas como la privatización parcial de YPF y la revisión de regalías provinciales. 

Los gobernadores, sin embargo, denuncian que estas medidas violan el federalismo y buscan “disciplinar” a las provincias. “No somos empleados de la Casa Rosada”, declaró el gobernador Torres en un acto en Comodoro Rivadavia, recordando el ultimátum de febrero de 2024.  

Por su parte, Weretilneck afirmó: “La Patagonia no será una colonia de Buenos Aires. Nuestros recursos son nuestros, y los defenderemos con todas las herramientas legales y políticas disponibles".

Reacciones y perspectivas 

El gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, intentó bajar los decibeles, calificando las acciones de los gobernadores como “una sobreactuación política”.  

Sin embargo, el presidente Milei, fiel a su estilo confrontacional, utilizó X para acusar a los mandatarios patagónicos de “defender privilegios de casta” y “obstaculizar el cambio que votaron los argentinos”.

En respuesta, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, aseguró: “No estamos en contra del país, pero no permitiremos que se nos saque lo que por derecho nos pertenece.” 

La oposición, encabezada por el Frente de Todos y sectores de Juntos por el Cambio, ha expresado un respaldo cauteloso al reclamo patagónico. Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, publicó en X: “El federalismo no se negocia. Todas las provincias sufrimos el ajuste de Milei, y Patagonia tiene derecho a defenderse”. 

Riesgos de una escalada 

El plan de los gobernadores no está exento de riesgos. Una suspensión de exportaciones energéticas podría disparar los precios internos del combustible y afectar la industria nacional, generando rechazo en otras provincias.  

Además, la demanda ante la Corte Suprema enfrenta un panorama incierto, dado que el máximo tribunal ha evitado pronunciarse en conflictos federales recientes, como el del Fondo de Incentivo Docente.  

Por otro lado, la creación de la Agencia de Desarrollo Patagónico podría atraer inversiones extranjeras, pero también tensionar las relaciones con el FMI, que exige un control centralizado de los ingresos. 

Mientras tanto, los gobernadores patagónicos convocaron a una nueva cumbre en Ushuaia para el 1 de julio, donde se espera que anuncien medidas adicionales. 

¿Será este el comienzo de una rebelión federal o un nuevo capítulo de negociaciones? Por ahora, la Patagonia se planta como un actor clave en el tablero político argentino, decidida a no ceder en la defensa de sus recursos.